A un par de meses de la aprobación del Paquete Económico 2015, la mezcla mexicana de petróleo de exportación se encuentra en niveles que rondan los 38 dólares. Esta cifra es menos de la mitad de la estimada en la Ley de Ingresos para este indicador fundamental en el cálculo de los recursos a disposición de la hacienda pública. El precio ha caído tan bajo, que ni siquiera la sensible apreciación del dólar será suficiente para compensar la pérdida (como se llegó a insinuar en algún momento). Por otra parte, esta semana, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aclaró que en 2015 no habrá incremento ni del déficit público, ni de los impuestos, a pesar de los posibles impactos de las condiciones adversas del entorno internacional. Sin embargo, dada la significativa incidencia sobre las finanzas públicas de las turbulencias del mercado petrolero mundial, la lógica económica indica que si en 2016 se mantiene el desfavorable panorama actual, y las autoridades mexicanas no modifican la tendencia alcista en el gasto público, las finanzas del gobierno enfrentarán una grave crisis el año entrante.
El escenario económico plantea entonces al gobierno distintas alternativas: recortar sustantivamente el gasto; emprender una verdadera reforma hacendaria; adquirir un mayor nivel de deuda; o bien, hacer eficiente la forma de ejercer los egresos. Sobre este último punto, existen políticas económicas como los subsidios que no contribuyen al crecimiento económico, benefician principalmente a la población de mayor ingreso e, incluso, tienen consecuencias sobre el medio ambiente –como el aplicado a los energéticos; en pocas palabras, fomentan la ineficiencia en el gasto. ¿Cómo podría un replanteamiento a los subsidios energéticos ayudar en los ajustes necesarios para solventar la problemática hacendaria que pudiera estar en puerta?
Dada la importancia de los energéticos en el balance económico de cualquier país en general, y de México en particular, resulta relevante analizar qué tanto afectan los subsidios a las finanzas públicas y a la economía. Se puede considerar el ejemplo de los subsidios a la electricidad, los cuales se otorgan a 98 por ciento de los usuarios, incluyendo a gran parte de la población de mayores ingresos, pero se entrega solamente entre 2 y 3 por ciento del monto de la subvención a la población de menor ingreso (primer decil). Al mismo tiempo, tener acceso a energía artificialmente más barata, fomenta el consumo irresponsable y, por ende, se reduce la eficiencia energética, lo que resta competitividad a la economía en el largo plazo.
Ahora bien, paradójicamente, también se presentan ineficiencias en el gasto público cuando se eliminan los subsidios. Ejemplo de ello es la nula transparencia en el ejercicio de los recursos liberados al eliminar dichas subvenciones a la gasolina. Es cierto que la supresión de los subsidios a las gasolinas disminuye el gasto regresivo del gobierno (aquel que se focaliza en la población de mayor ingreso), y reduce problemáticas como el tránsito vehicular o la contaminación. Sin embargo, no existe claridad sobre el uso de los recursos monetarios liberados. Esto sugiere que, en un año de comicios, los recursos se trasladarán en mayor medida a programas electoreros, como la compra de televisiones digitales para regalar entre ciertos sectores de la población so pretexto del llamado apagón analógico (como si tener acceso a ese medio de comunicación fuera un derecho constitucional inalienable), por mencionar este caso tan ilustrativo. La falta de transparencia y rendición de cuentas, abonan el terreno para que el gasto siga siendo ineficiente, enfocado a conservar el poder político (y su consecuente dispendio para fines electorales), y no a fomentar programas productivos; se prefiere el crecimiento de las clientelas por encima del crecimiento económico.
Por último, a pesar de lo pesimista del panorama, la crisis actual implica una oportunidad para México. El replanteamiento de la política de subsidios energéticos bajo criterios de eficiencia económica y transparencia en el uso de los recursos, acarrearía mayores beneficios a la población de los que, en apariencia, dimanan de mantener la fantasía de pagar menos por lo que se consume. Sin embargo, esos dos conceptos, eficiencia y transparencia, parecen ajenos a la estrategia económica del actual gobierno.
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