Los temores del regreso del desbalance de las finanzas públicas con la vuelta del PRI a Los Pinos se han hecho realidad. El abandono del déficit cero o, en términos llanos, la apuesta por el endeudamiento –propuesto en el Paquete Económico 2014 a un equivalente de 1.5% del PIB—, es el punto focal de la iniciativa hacendaria del presidente Peña. Fue “flor de un día” aquel compromiso de mantener el balance en el Paquete Económico 2013 que el mandatario anunció al inicio de su gestión (aunque nunca dijo que así seguiría para 2014, continuando con un modus operandi ya previsible en este gobierno: “hoy no, mañana quién sabe). Ciertamente, el gobierno federal tomó en cuenta que la relación deuda/PIB de México (del 34%) se encuentra sustancialmente por debajo de las “mejores” prácticas internacionales, por lo que “abrir la llave” de la deuda no implica en el corto plazo un problema grave de inestabilidad macroeconómica. Aunque se ha dicho que la medida será decreciente y transitoria, preocupa saber si en verdad existe una estrategia puntual para regresar a un ejercicio presupuestario balanceado en el mediano o largo plazo. Esto último sobre todo porque, como ilustran los sistemas de seguridad social europeos y estadounidense, el costo de un paquete como el que propone el gobierno tiende a crecer mucho más rápido de lo que se anticipa.
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículo 17) señala que todos los presupuestos de egresos deberán tender al equilibrio –es decir, al “déficit cero”— para no incurrir en endeudamientos internos o externos. Si el Ejecutivo o el Congreso decidieran prever un déficit público en el programa económico anual, deberán sujetarse a dos reglas: una, justificar las razones “excepcionales” que motivan los números rojos presupuestarios y especificar puntualmente de cuánto serán; dos, diseñar un plan con acciones concretas y tiempos definidos a fin de eliminar ese déficit y restablecer el equilibrio en las finanzas públicas. Las razones primordiales –tal vez no del todo “excepcionales”— que motivarán los números rojos serán la sostenibilidad –no confundir con sustentabilidad—de los ambiciosos programas de apoyo de seguridad social del presente gobierno, muchos de transferencia directa de recursos, y una expansión masiva de proyectos de infraestructura (415 mil millones de dólares (mdd) según el presente Plan Nacional de Infraestructura (PNI), en contraste con los ya históricos 240 mil mdd del PNI de la administración anterior).
Por otra parte, el plan futuro para restablecer el equilibrio fiscal será la apuesta de entrada de inversión y tributación de la renta petrolera. En otras palabras, la apuesta de gobierno está en el sector energético y, de alguna manera, ya está dando por hecho no sólo la aprobación de la reforma en el rubro, sino incluso de las leyes secundaras emanadas de ella. Por ejemplo, en la reforma hacendaria ya se consideran en los cálculos los contratos de utilidad compartida, los cuales no existen explícitamente (todavía) en la reforma constitucional. Ahora bien, en caso de aprobarse la apertura al sector energético, ello no sería del todo suficiente para asegurar la entrada de inversión. Será indispensable complementar esto con la construcción de incentivos comerciales, así como con una estrategia para convencer a los potenciales inversionistas de por qué sí valdría la pena colocar su dinero en México y no apostarle a las aguas y tierras en otras naciones. Los incentivos fiscales y transparencia en materia de procesos y contratos serán vitales.
Curiosamente, el gobierno federal pretende apuntalar una demanda de izquierda, incrementar el gasto público a pesar del déficit, con una política de derecha, abandonar el sector energético como rubro estratégico y monopolizado por el Estado. La pregunta es si en verdad el “jalón” de endeudamiento podrá ser compensado por la apertura en el rubro energético, en particular porque aún no hay apertura ni flujo de inversión alguno, además de que las previsiones acerca de esas eventualidades son, por ende, bastante inciertas. Así, México vuelve a apostar por el gasto de un dinero que “no existe” y quién sabe si se podrá pagar.
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