Esta semana comenzó la discusión formal del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PPEF 2014), luego de que se aprobara un monto histórico a distribuir, equivalente a 4.46 billones de pesos. A pesar de que el Senado acotó el ejercicio del gasto corriente durante los siguientes dos años, la ausencia de controles en materia de transparencia y rendición de cuentas, junto con la inexistencia de mecanismos efectivos para combatir la corrupción, exacerban los riesgos que acompañan el manejo discrecional de las finanzas públicas, sobre todo con fines político-clientelares.
Si bien hacer uso político del dinero público no es algo inusual, las recientes negociaciones en el marco de las distintas leyes referentes a ingresos, impuestos y derechos, ya vislumbraban un modus operandi gubernamental característico del viejo régimen. Se trata de una recuperación sigilosa de las mismas formas y artimañas que le permiten al Ejecutivo federal hacer y deshacer según sus intereses. Dentro de este andamiaje clientelar, todo actor que sea capaz de establecer un canal de interlocución con el gobierno (empresarios, sindicatos, partidos políticos, gobernadores, centrales campesinas) tiene la posibilidad de ser “premiado” vía la asignación de recursos, siempre y cuando “se porte bien”. Uno de los casos más destacables es el del Distrito Federal. A diferencia de lo sucedido en el sexenio anterior entre Los Pinos y el ayuntamiento capitalino, Miguel Ángel Mancera ha mantenido una relación de cercanía con el presidente Peña (a la que se suma la alianza fiscal PRI-PRD), lo cual le ha redituado no únicamente en el eventual otorgamiento del llamado Fondo de Capitalidad (el cual se estima oscilaría entre 6 y 9 mil millones de pesos (mdp)), sino en la asignación, por primera vez desde que el PRD gobierna la capital, de una partida del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) –un programa diseñado, en principio, con el propósito de combatir la marginación en las comunidades de mayor pobreza—por un equivalente a mil mdp. En este sentido, en el Paquete Económico 2014 ya está dado por hecho un aumento en el porcentaje de los recursos destinados al gasto programable (alrededor de 78%) para la ampliación de programas asistencialistas a lo largo del país. Es decir, el ejemplo del Distrito Federal podría estarse replicando, por ejemplo, para aliviar a los gobernadores de la frontera de las presiones a las cuales estarán sometidos dada la homologación del IVA ya aprobada.
La actual perspectiva del gobierno sobre (supuestamente) potenciar el crecimiento vía la inyección de dinero público, en efecto podría generar una expansión económica en una primera instancia y a corto plazo. Sin embargo, la paralela alza en los impuestos traerá consigo una contracción del sector manufacturero y, por ende, de un alto porcentaje de las exportaciones del país, el aumento de incentivos a incorporarse a la informalidad, y un ajuste importante en los bolsillos de la población en general, incluso de aquella beneficiada con las dádivas del asistencialismo. Además, dado el efecto de desplazamiento interno de los recursos que se generará en la economía, el ensanchamiento del presupuesto (9.1%), financiado –por si fuera poco— mediante un déficit de 4.1% del PIB, constituye un remedio insostenible en el largo plazo. Asimismo, el ahorcamiento del sector productivo y el (mayor) atado de éste a las compras de gobierno –finalmente ahí es donde va estar el dinero—, hará más vigente que nunca la máxima sobre que “vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”. Todo este escenario hará muy complicado cumplir con la meta que la Secretaría de Hacienda ha estimado de regresar al equilibrio presupuestario para 2018.
Al final, las expectativas han vuelto a quedar muy cortas sobre un plan hacendario integral con un balance adecuado entre recaudación, fomento a la productividad, combate integral a la situación de pobreza, y una administración pública menos costosa y más transparente. La gran pregunta es cómo responderá la inversión privada ante este escenario.
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