El tema de las manifestaciones masivas en la Ciudad de México, sobre todo cuando generan afectaciones viales y pérdidas económicas, suele revivir el debate acerca del conflicto entre el derecho a la expresión pública y aquellas garantías relacionadas con el libre tránsito y el respeto a las actividades laborales de terceros. A partir del 9 de febrero, cuando los miembros de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adscritos a la disidencia magisterial de la Coordinadora (CNTE), instalaron un campamento en plena avenida Reforma, las preguntas que se escuchaban con mayor frecuencia eran: ¿por qué la autoridad tolera la toma de la arteria vial más emblemática del país?; ¿es el gobierno federal o el capitalino (o los dos) el responsable de salvaguardar el orden y propiciar un entorno donde se armonicen las libertades de los inconformes (sean o no legítimas sus peticiones) con la de los habitantes afectados?; ¿cómo es que quedan impunes actos de vandalismo, violencia y demás violaciones al espacio público?
Dado el desarrollo típico de esta clase de fenómeno, la discusión puesta en estos términos resulta bizantina porque a los gobiernos les es más rentable instalarse en el marasmo, ganar tiempo (o perderlo, dependiendo el ángulo desde el que se vea), esperar el agotamiento de la protesta en turno o, en no pocos casos, terminar por ceder ante las exigencias de los reclamantes. En efecto, esto último fue lo ocurrido en el desenlace del referido plantón magisterial.
Sin embargo, aunque no sorprende la claudicación de una autoridad –en esta oportunidad la Secretaría de Gobernación—dado el chantaje de una turba, es pertinente reflexionar acerca de las repercusiones particulares que tendrá el cumplimiento de las peticiones de los profesores de la CNTE en Oaxaca. Para ello, cabe señalar cómo, de forma simultánea, se llevaba a cabo un bloqueo a otra vía importante de comunicación, el aeropuerto internacional Juan N. Álvarez de Acapulco, por parte de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Los reclamos de docentes guerrerenses y oaxaqueños son similares: ambos se centran en el pago de salarios caídos derivados de los distintos paros de labores que han impulsado los mismos maestros a lo largo de los últimos meses en sus respectivos estados, en protesta por el proceso de aprobación de la reforma educativa; también se pide la reinstalación de miles de plazas exentas de facto de las nuevas regulaciones en materia de evaluación. Así, las victorias de la CETEG y la sección XXII implican un empujón más hacia el paulatino desmantelamiento de la reforma educativa en entidades donde la revuelta de sus trabajadores docentes ha tenido mayor fuerza que las instituciones del Estado. Todo esto en un contexto donde la ausencia de la Secretaría de Educación Pública es pasmosa.
Ciertamente, el Paseo de la Reforma fue liberado del plantón que lo aquejó durante varias horas. La policía del Distrito Federal incluso presume haber replegado a los manifestantes sin necesidad del uso de la violencia (si bien omite reconocer su incapacidad de finalizar con el campamento que mantendrá la CNTE en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, el cual lleva meses enquistado). Aunque la existencia de un saldo blanco es celebrable, no es posible festejar la derrota de la legalidad. A unos días de cumplirse dos años de la promulgación de las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución, y a dieciocho meses de la publicación de sus leyes reglamentarias, es hora que todavía no se homologan las reformas con la Ley de Educación de Oaxaca, mientras en Guerrero el incumplimiento de la ya armonizada Ley de Educación de la entidad engrosa los factores de ingobernabilidad en el estado. Así las cosas, los automóviles y los peatones podrán volver a circular por Reforma (hasta nuevo aviso). No obstante, el bloqueo a la reforma educativa sigue su curso, al tiempo que la autoridad sienta otro pésimo precedente al utilizar la antigua fórmula autoritaria de acallar el conflicto a “billetazos” –se le repondrán a los maestros las remuneraciones correspondientes a las semanas que no trabajaron y dejaron a miles de alumnos sin clases—, en vez de simplemente hacer valer la ley. Por último, y con lo anterior en mente, ¿qué podría ser diferente en el destino de las demás reformas de este sexenio cuando se enfrenten a sus respectivas resistencias al instante de su implementación? El gobierno federal continúa enfrascándose en una vorágine de decisiones desafortunadas.
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