“Ya me cansé”. La desafortunada frase del procurador Murillo Karam al finalizar su conferencia de prensa del pasado viernes 7 de noviembre, generó una tormenta en redes sociales y en algunos medios que fustigó al funcionario por varios días. El contexto de las lentas e inciertas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, ha sido toda una pesadilla para el gobierno federal en las últimas semanas. Ahora bien, independientemente del dislate del titular de la PGR –el cual se inscribe en el anecdotario de la política nacional-, la expresión va más allá del hartazgo de un burócrata. El agotamiento de los aparatos de procuración de justicia en México se manifiesta de manera cotidiana en su falta de credibilidad, confianza y legitimidad. Si bien el tortuoso manejo de los crímenes de Iguala por parte de la PGR ha significado un punto de inflexión contra el ánimo de la administración Peña por construir una imagen de éxito político y prosperidad económica, es importante señalar que la administración de justicia en el país ha vivido en crisis por décadas. De hecho, es un sistema ancestral que nunca se modernizó.
El devenir de las investigaciones en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, trae implícito un mensaje contundente: a pesar de que todo el aparato de procuración de justicia federal se abocó a resolver el caso, los resultados han sido lentos e insuficientes. Por si fuera poco, la inmensa inyección de recursos prodigada desde el sexenio anterior a las labores de seguridad y justicia (fundamentalmente a nivel federal, pero con presupuestos crecidos para los estados que no se dedicaron a estos propósitos), no fue capaz de generar capacidades técnicas, estructurales y de capital humano que respondieran a la difícil situación del país. Como dato para ilustrar esto, llama la atención cómo se debió acudir a peritos argentinos y a laboratorios austriacos (más lo que se le sume) a fin de apoyar una investigación que, en cualquier caso, ha sido manejada con torpeza. La conclusión es desesperanzadora para la ciudadanía: ¿cuáles son las probabilidades de que se resuelvan los secuestros, homicidios o robos que carecen de atención mediática? La vox populi mexicana siempre había señalado que las autoridades “pueden pero no quieren” asumir sus responsabilidades; quizá sea momento de afrontar el hecho de que no pueden aunque quisiesen.
En este contexto, aunque el procurador Murillo ha sido el principal objetivo de los señalamientos ciudadanos, el problema no se restringe a las omisiones y deficiencias de la persona y la institución que encabeza. Por básico que pueda resultar, es necesario recordar que seguridad no es lo mismo que justicia, aun cuando –de forma equivocada- se suele equipararlos. La seguridad es un asunto condicionado a la prevención del delito por medio de la política criminal, y mientras esta tarea no logre atender las causas de la violencia en el país, se seguirán viendo instituciones de procuración de justicia rebasadas, sin importar quién esté en la cabeza. Por ende, el problema no se limita a una persona, sino que se trata de un asunto sistémico. Las demandas ciudadanas deben exigir no sólo el mejoramiento de la procuración de justicia, sino también demandar el fortalecimiento estructural de todas las instituciones gubernamentales con algún tipo de incidencia en la observancia del estado de derecho. Ahora mismo puede parecer fútil, pero se debiera empezar por fortalecer a las instituciones al interior de Guerrero. De otra forma, se seguirá repitiendo la misma fórmula fallida: el reemplazo de los incompetentes poderes locales por las no tan competentes autoridades federales. O sea, mientras no se resuelva la capacidad policiaca y judicial local, el problema persistirá.
Es probable que el gobierno intente dar carpetazo al tema lo más pronto posible. El daño a la imagen de México –que tanto se había empeñado el gobierno federal en limpiar- ha sido desastroso. Sin embargo, retomando la idea de que se trata de un problema estructural, nada sería más engañoso que pretender que el asunto concluirá una vez confirmado el paradero de los estudiantes y concretada la detención del matrimonio Abarca. El tamaño del crimen y los macabros descubrimientos que le siguieron, debieran marcar no sólo un punto de inflexión fugaz que con el paso de unas cuantas semanas haya significado poco o nada. Es apremiante que por primera vez se descubra y castigue todo el entramado político-delincuencial, no nada más detrás de la trágica coyuntura de Guerrero, sino del crónico pisoteo al estado de derecho que se desperdiga desde los estratos más altos del gobierno, hasta los más bajos de la sociedad. ¿Aprovechará el gobierno esta oportunidad histórica?
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