Como se comentó la semana pasada, la Suprema Corte consideró que los operativos policiales conducidos en San Salvador Atenco resultaron en uso excesivo de la fuerza pública y violaciones graves a las garantías individuales de los habitantes de ese poblado del Estado de México. Asimismo, consideró que la responsabilidad por las violaciones corresponde a los cuerpos policiacos y mandos operativos involucrados, y no a las autoridades federales y estatales que ordenaron la acción policiaca. Esta segunda parte del pronunciamiento ha estado sujeta a un debate intenso. De entrada, es menester reconocer el peligro de condenar a funcionarios por una orden ajustada a derecho, pero con desviaciones de quienes la ejecutan. Esto abriría la puerta para que los responsables de preservar el orden público se abstengan de cumplir con su deber, por temor a consecuencias legales. Sin embargo, preocupa que la Corte no se haya pronunciado sobre las señales de impunidad posteriores a los operativos, cuando las autoridades correspondientes actuaron con ligereza ante las denuncias sobre los abusos cometidos por mandos y personal operativo. No queda claro tampoco que tras el pronunciamiento de la SCJN se vaya a resolver esta omisión. Si este es el caso, el mensaje de impunidad tras un abuso de autoridad prevalecerá una vez más.
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