En un acto poco común para la forma en la que las administraciones priistas manejan el protocolo, el presidente Peña revocó la licitación del tren de alta velocidad (TAV) México – Querétaro que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le había otorgado al consorcio liderado por China Railway Construction apenas unos días antes. Esta empresa paraestatal china, unida a un grupo de empresas mexicanas –donde se encuentra una de las constructoras que más ganó proyectos de infraestructura durante el sexenio de Peña como gobernador mexiquense –fueron los únicos participantes en el proceso. Argumentando que el proceso (formalmente indisputable), por sus pocos participantes, había sido cuestionado por diversas empresas que no pudieron participar y por otras fuerzas políticas, la revocación del presidente buscó devolverle la credibilidad que había perdido con miras a dar certidumbre al resto de inversionistas que quieran participar en distintos rubros de la economía mexicana. No obstante, la manera trastabillada en que se dio esta rectificación puede tener el efecto contrario en los inversionistas al menos en el corto plazo. ¿Si el gobierno va a estar licitando proyectos a modo y cuando se cuestione la legitimidad de ellos los va a quitar, qué clase de certidumbre tendrán los inversionistas que busquen participar? Una imagen de incertidumbre es lo último que necesita el Gobierno Federal dado que todo el proyecto económico del sexenio está anclado en la atracción de inversiones.
La revocación del fallo de la concesión del TAV es simplemente el colofón a una licitación que durante el proceso despertó muchas interrogantes por tener un solo participante y por la premura con la que se quería cerrar el proyecto por fines electorales. Por un lado, los senadores panistas habían exhortado a la SCT a suspender la licitación unos días antes del fallo porque la propuesta presentada excedía en más de 10 mil millones de pesos el techo financiero contemplado por el gobierno. Adicionalmente, la senadora Marcela Torres indicó que dado que el volumen de usuarios diarios de la misma ruta del autobús era 5 veces menor del esperado por el consorcio, el precio del boleto no alcanzaría para cubrir los costos del proyecto. Por otro lado, la reducida temporalidad que se dio para que las empresas presentaran sus proyectos –pese a las prórrogas solicitadas por varias de ellas –incentivó a que se tuviera un único competidor. La velocidad del proceso obedecía a que según el mismo secretario Ruiz Esparza en su comparecencia en el Senado, se corría el riesgo de que el consorcio chino declinara su oferta si se ampliaban los plazos seis meses, dejando la licitación desierta lo que hubiera sido catastrófico para el gobierno y sus intenciones electorales con la obra. Sin embargo, por querer supeditar los proyectos económicos del país al proyecto político del Presidente, el gobierno tendrá que indemnizar al consorcio chino 590 millones de pesos (1 por ciento del valor total de la obra) por cancelar una licitación que ya se había ganado. Salió más caro el caldo que las albóndigas.
La actual administración del gobierno federal parece que ha querido recrear un México que ya no existe. No obstante, la realidad le ha ido mostrando que no puede moldearla a su antojo sin consecuencias. El indicador de riesgo país de México se ha incrementado en las últimas semanas y el mismo premier chino, Li Keqiang, le indicó al presidente en su reciente visita a ese país, en el marco de la XXII Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que espera que las empresas chinas reciban un trato justo al momento de invertir en México. Si el gobierno se ha acostumbrado a la ausencia de rendición de cuentas en el uso erróneo del presupuesto, tal vez una menor llegada de inversiones los haga mejorar.
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