“El Chapo” y los desaciertos de la estrategia de seguridad

En marzo de 2015 el Gobierno Federal presumía la captura de 91 de los 122 integrantes de la delincuencia organizada cuya detención se había planteado como objetivo prioritario la administración de Enrique Peña Nieto. La captura o abatimiento de líderes de bandas criminales es uno de los brazos principales de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde la administración anterior (Ver Tabla 1). De entre los objetivos, la “joya de la corona” era el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, detenido en febrero de 2014 después de su primer escape del penal de Puente Grande en 2001. Hoy “El Chapo” se encuentra libre tras fugarse del centro de máxima seguridad del Altiplano –de acuerdo con la versión oficial- por medio de un túnel subterráneo de un kilómetro y medio.

Una de las premisas de la estrategia de seguridad, que no ha experimentado cambios significativos desde el sexenio pasado, es que la captura de las cabezas de los cárteles ayudaría a debilitar y desarticular a las organizaciones criminales. Esto, a su vez, reduciría los índices delictivos en el país y el tráfico y consumo de drogas. En conjunto con la detención de los criminales se planteaba un necesario fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia que permitiera procesarlos. Después de casi una década de capturar diversos criminales y de asignar una considerable suma de recursos al ámbito de seguridad, ¿cuáles son los resultados? En este sentido, la fuga de “El Chapo” es un momento oportuno para hacer un balance de los resultados que ha tenido la estrategia para combatir la criminalidad y la violencia en el país.

Tabla 1

Incidencia delictiva y tráfico de drogas

A diez años de haberse iniciado la lucha ni los niveles de violencia relacionados con el crimen organizado, ni el tráfico de drogas han mejorado. Los homicidios dolosos han tenido picos importantes en 2011 y 2012 y recientemente muestran una tendencia a la alza  de nuevo (ver Gráfica 1). Aunado a esto, los costos sociales de la violencia ascienden a más de 120 mil muertes, 280 mil desplazados, y entre 8 y 25 mil desaparecidos.

Por su parte, los flujos de sustancias ilícitas a los Estados Unidos no han disminuido. De acuerdo a la Administración Contra la Droga (DEA, por sus siglas en inglés), en la última década los cárteles mexicanos se han adueñado del 50% del mercado de heroína estadounidense, que representa ingresos por 13 mil millones de dólares al año. Además, para 2012, el 96% de la cocaína que entraba a Estados Unidos era a través de territorio mexicano, cuando en 1991 solo ingresaba el 50% del total de esta sustancia. De igual manera, de 2009 a 2014 se incrementaron en 300% los decomisos de metanfetaminas por la frontera con California. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos alrededor del 60% de la metanfetamina que se consume en este país proviene de México.

De igual manera, los decomisos realizados en territorio mexicano continúan a la alza. Por ejemplo, en 2014 se decomisaron 19.6 toneladas de metanfetaminas, 1.6 toneladas de opio y 2,259 unidades de éxtasis, las cuales representaron un incremento respecto de 2013 de 33%, 570%, y 132%, respectivamente. Es decir, la presencia y predominancia de los cárteles mexicanos en el principal mercado de consumo, así como en el nacional, lejos de debilitarse, más bien se ha fortalecido.

Gráfica 1

Desarticulación de organizaciones criminales

La captura de líderes no ha resultado en la automática desactivación o debilitamiento de las organizaciones criminales. Por el contrario, algunos cárteles se han fragmentado a raíz de la muerte o captura de su líder, resultando en un incremento de la violencia motivado por la guerra por el control de plazas y rutas de trasiego. Al inicio del sexenio de Felipe Calderón había cuatro grandes organizaciones criminales en el país (El cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo y la Familia Michoacana).

Actualmente, la cifra ha ascendido a nueve grandes cárteles (Cartel Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Juárez, y el Cártel de Arellano Félix) y otra serie de agrupaciones menores locales que se dedican principalmente a delitos como el secuestro, extorsión y robo (Ver Mapa). No sólo se observa que la actividad delictiva de estas organizaciones se ha incrementado y diversificado, sino que su penetración en el territorio nacional es cada vez más profunda y su dispersión no ha sido controlada.

Fuente: Elaboración propia con datos de Stratfor y El Universal.

Fortalecimiento institucional en seguridad y justicia

La estrategia de seguridad de Calderón, que continúa vigente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha implicado un considerable aumento en el presupuesto con la finalidad de fortalecer las instituciones de seguridad. Tan sólo el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) – que representa el 5% del gasto total para la Función Seguridad Pública- distribuyó 44 mil 310 millones de pesos en el sexenio de Calderón y más de 23 mil millones en lo que va del sexenio de Peña Nieto.  A pesar de que año con año aumentan los recursos destinados a este rubro – de 2006 a 2015 se incrementaron en 7%, en promedio – esta inversión no se ha traducido en una mejora institucional.

En febrero de 2014 la captura de “El Chapo” fue ampliamente presumida por el gobierno federal como muestra de su eficacia y, a pesar de las conocidas deficiencias del sistema penitenciario mexicano, se descartó la posibilidad de una extradición. Un año después el hecho de que se haya fugado evidencia las deficiencias estructurales del aparato de seguridad mexicano y demuestra que el sistema de justicia en México no ha mejorado a pesar de la inversión de recursos. Los 12 mil 259 millones de pesos invertidos en 2013 en el sistema penitenciario y los 365 millones invertidos específicamente en remodelaciones del Reclusorio del Altiplano no sirvieron para evitar el escape de su interno de más alto perfil.

La fuga del “Chapo” envía un mensaje contundente para la viabilidad del Estado de Derecho: con dinero y poder suficiente en México todo es posible. La credibilidad del Estado mexicano ha sido pulverizada de un día para otro. La fuga de “El Chapo” -por segunda vez de un penal de máxima seguridad- acentúa la percepción negativa de un gobierno que ha sido señalado por corrupción, impunidad e incapacidad. Esto también tiene consecuencias en la relación bilateral, México – Estados Unidos. Diversos medios estadounidenses comunicaron su preocupación y descontento ya que, por un lado, Estados Unidos invirtió recursos humanos, de inteligencia y financieros para lograr la captura de “El Chapo” en 2014 y, por otro lado, solicitó la extradición de Guzmán para poder juzgarlo en sus cortes y evitar su fuga.

Sin embargo, la mayor implicación de la captura y fuga de “El Chapo” es que coloca en serio entredicho la estrategia actual de seguridad. La detención del “Chapo” no implicó la desarticulación del cártel de Sinaloa ni la detención de toda la red de complicidades que le permite operar como una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo. Su organización siguió operando un negocio que, de acuerdo con la DEA, asciende a los 500 mil millones de dólares al año; en todo caso su permanencia se vio más amenazada por la presencia de otras organizaciones criminales, como el Cártel Nueva Generación, que por la incidencia del Estado.

La combinación de todos los elementos anteriores coloca al Gobierno Federal ante la posibilidad de transcurrir la segunda mitad del sexenio sin ningún tipo de capital político como un lame duck bajo la sombra de la incompetencia y corrupción. Es momento de asumir que la captura de los líderes del narcotráfico no ha demostrado un impacto sustentable en el combate a la delincuencia. El negocio del narcotráfico resulta tan atractivo que siempre habrá alguien dispuesto a asumir sus actividades independientemente de los costos. Además es necesario dar cabida a las teorías que sostienen que muchos cárteles operan bajo estructuras distintas a las tradicionales y por ello golpear a la cabeza no tiene un impacto significativo para la operación de la organización. Lo anterior no significa que la persecución de los líderes debe detenerse, sino que las prioridades de la política criminal vigente deben replantearse para explorar alternativas que permitan enfrentar a la delincuencia de una forma más inteligente y con menores costos sociales. Esto último debe ir acompañado de un combate serio a la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia del país.

Semana Política es elaborada por: Ximena López, Mariana Meza, Carlos de la Rosa, Santiago Martínez, Rafael Vega. Editora: Lorena Becerra.

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