De acuerdo a José Juan Ruiz, economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, el problema de la informalidad podría convertirse en un lastre para las economías de los países latinoamericanos debido a sus impactos negativos sobre la productividad. Tal perspectiva coincide con el reporte del Instituto Global McKinsey, el cual indica que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México está dividido en dos: por un lado, está la economía vigorosa e innovadora con grandes y modernas empresas, cuya productividad aumenta a tasas de 5.8 por ciento anuales; y, por otro lado, está una economía aletargada y repleta de empresas tanto medianas como pequeñas, algunas tradicionales, otras informales, cuya productividad disminuye a tasas de 6.5 por ciento cada año. De esta manera, ambas visiones ponen el dedo sobre una llaga que está más abierta que nunca: ¿qué tanto éste puede ser el “momento mexicano” si buena parte del país está estancado en la informalidad y la improductividad?
El problema de la informalidad es uno antiguo, pero sorprendentemente poco conocido. No existe una definición única respecto a cuáles son todas las actividades económicas que la componen. Algunos la contemplan como todas aquellas actividades que son ilegales, pero legítimas para grandes porciones de la sociedad. Así, por ejemplo, esta definición comprende la piratería, los trabajadores indocumentados y las empresas que evaden impuestos, pero excluye al narcotráfico. También incluye a miles de empresas formales pero que no tienen posibilidad o incentivo alguno para crecer dado el entorno regulatorio vigente. Las empresas familiares y comunitarias, el trabajo en el hogar y el autoempleo no son actividades forzosamente informales, pero pueden recaer dentro de tal ámbito. Precisamente por su naturaleza y magnitud, cada vez es más complicado hacer una distinción clara entre lo formal y lo informal. Existen empresas formalmente establecidas y operando bajo total legalidad, pero que acceden a productos o servicios de empresas o empleados informales.
Los impactos de la informalidad son menos debatibles. Una actividad informal no paga impuestos y, por lo tanto, no contribuye a la provisión de bienes y servicios públicos como la infraestructura y el transporte. Adicionalmente, al operar fuera de la legalidad, las empresas informales no sólo carecen de acceso al crédito, sino también se enfrascan en un círculo vicioso de bajos incentivos a la innovación que puede ralentizar el crecimiento económico nacional. Pero, más allá de una reforma social y hacendaria que, contrario a lo prometido, de facto genera más incentivos a la informalidad, ¿por qué podrían fracasar otras medidas adoptadas por este gobierno?
La decisión de ingreso a la informalidad de los individuos estriba en un análisis costo-beneficio que está altamente determinado por las oportunidades provistas por un marco institucional específico. Cuando el entramado institucional de un país es débil, como lo es en México, un ejercicio de centralización, no sólo político, sino de la economía en su conjunto a través de un gran poder discrecional en la asignación de los recursos –como lo ha ejecutado la presente administración—, produce resultados ineficientes y tiende a incrementar la corrupción. De esta forma, una sociedad que percibe cada vez menos apoyo de las instituciones formales y de un gobierno con un presupuesto con poca transparencia, se entiende cada vez más ajena a seguir normas sociales que prescriban la obligación del pago de impuestos. Sin la creación de una cultura donde se establezca una relación biyectiva entre eficiencia gubernamental –los contribuyentes cumpliendo, a cambio de más y mejores servicios proporcionados por el gobierno—e incentivos para no tomar ventaja de los vacíos jurídicos–y la ausencia, al parecer premeditada, de oportunidades legales para incumplir y continuar al margen de las regulaciones recaudatorias, el combate a la informalidad más bien seguirá pareciendo una simulación para ocultar la comodidad de la autoridad para hacer ver que cumple, mientras la sociedad incumple y de todas formas se ve beneficiada de ello, la informalidad seguirá siendo la mejor opción a corto plazo de todos, con los efectos negativos de largo aliento que ello conlleva.
Lo preocupante de este escenario es que el problema de la informalidad parece estar destinado a exacerbarse, ya que se erige como el resultado natural de una economía de dos engendros; un equilibrio en el que cada jugador tiene sus estrategias bien definidas: el gobierno, con su política centralista, y la sociedad, encontrando un escape conveniente de corto plazo. De ser correcto el análisis de Mckinsey, la consecuencia de no atender las causas de la informalidad y cambiar las circunstancias que la generan y hacen crecer es que el límite de crecimiento de la economía acaba siendo del 2%. A los gobiernos se les mide no por sus objetivos sino por sus resultados y, en este caso, ese resultado sería patético.
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