Los líderes de los países del G8 se encuentran esta semana en su reunión cumbre anual en Irlanda del Norte. Para esta reunión, David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, estableció una agenda central definida como las “Tres ‘tes’”, por sus siglas en inglés: taxes (impuestos), transparency (transparencia), and trade (comercio). México acudió a esta cita en calidad de invitado especial. En este contexto, uno de los resultados más destacables de la participación de nuestro país, fue el anuncio del presidente Peña sobre la firma, en los próximos meses, de acuerdos con Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y España para intercambiar información sobre la evasión fiscal de empresas transnacionales. ¿Qué relevancia tiene esto?
En 2012, la encuesta IBE en el Reino Unido registró la evasión fiscal como la segunda preocupación ética de la población de ese país. Por otra parte, en tiempos de austeridad en el gasto gubernamental, que estimula a los gobiernos de todo el mundo a buscar soluciones para tapar sus huecos presupuestales, este tema adquiere todavía mayor atención. Así, aprovechando el fuerte impacto que en la opinión pública tienen las consecuencias de los recortes presupuestarios, se suma el reclamo al comportamiento esquivo de las grandes corporaciones respecto del pago de sus obligaciones. En mayo pasado por ejemplo, una investigación del Senado de Estados Unidos concluyó que la empresa con mayor valor de mercado del mundo utiliza a sus filiales en el extranjero para evitar el pago de miles de millones de dólares en impuestos, mismos que, de haberse pagado al fisco, se habrían invertido probablemente en gasto social.
Las pérdidas en recaudación justifican que los países acuerden programas de cooperación para el escrutinio y sanción de las conductas ilícitas. Sin embargo, es necesario distinguir la delgada línea que existe entre la elusión y la evasión fiscal. La minimización de los costos fiscales, esto es, la elusión dentro de los lineamientos permitidos por la ley, es una conducta legítima por parte de las empresas. El retorno es para el capitalista el indicador más claro para continuar invirtiendo en ese negocio y no en otro. Los beneficios consecuentes, y que generan un impacto real en la sociedad, incluyen el garantizar empleos, futuras reinversiones para innovación, nuevos negocios, más contrataciones y expansión sostenida de la economía. Desde este punto de vista, es positivo que las empresas minimicen sus cargas tributarias través de planeación fiscal. Además, la ley facilita estas herramientas a los empresarios para atraer inversión y garantizar la estabilidad económica de un país. Incluso, estos mecanismos son consecuencia de la fricción ocasionada por la competencia entre países por atraer inversiones, misma que estimula los beneficios fiscales hacia la mínima expresión. Algunas de estas prácticas incluyen establecimiento de rangos de precios de transferencia, migración de intangibles hacia paraísos fiscales, escisión de las cadenas productivas, ubicación en diversas jurisdicciones aprovechando ventajas competitivas, postergación de saldos deudores de impuestos, deducciones autorizadas, y exenciones, entre muchos otros.
Para México, de cara a una posible reforma hacendaria a discutirse en los próximos meses, el asunto discutido no es menor. La pesada carga fiscal que ya significan para el gobierno federal cuestiones como, por ejemplo, el sistema de pensiones y jubilaciones, los pasivos en seguridad social, y hasta eventuales respaldos a las finanzas de estados y municipios, se verá acrecentada por los proyectos sociales y de infraestructura de la actual administración. Encontrar formas más eficientes y efectivas de recaudación es un imperativo. También lo es que la autoridad rinda cuentas cada vez más claras acerca de la manera en la cual gasta ese dinero. De otro modo, los incentivos tanto para la evasión, como para la elusión, seguirán siendo altos.
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