Esta semana iniciaron los trabajos del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. La principal característica de esta temporada legislativa será la saturación de agenda, en especial debido a la reglamentación y complementación de la serie de reformas aprobadas a lo largo de la LXII Legislatura. Ciertamente, el Congreso ha aumentado su efectividad legislativa en los últimos 17 meses. Se podría pensar que el Pacto por México fue clave para esta productividad legislativa. Sin embargo, ahora que esa figura ya está ausente, ¿podemos esperar el pleno desahogo del saturado calendario del Congreso? ¿Qué dinámica política se vislumbra para los siguientes meses?
Al ya no haber reformas constitucionales en el horizonte legislativo, el gobierno federal, el PRI y sus aliados, el Partido Verde y Nueva Alianza, sólo requerirán de mayorías simples en el Congreso (la mitad más uno de los legisladores presentes en las sesiones), a fin de aprobar sus iniciativas. En San Lázaro, el escenario estaría amarrado para los priistas con tan sólo sus partidos afines. En el Senado, en caso de estar los 128 tribunos presentes durante las votaciones, bastará convencer a 4 senadores de oposición para conseguir la mayoría simple. En este sentido, el PAN intentará condicionar su voto a favor de las leyes secundarias de la reforma energética a un acomodo adecuado –a su entender—en la reglamentación de la reforma política y en la conformación del Instituto Nacional Electoral (INE). Si bien la integración del Consejo General del INE dependerá de los diputados, los panistas pretenderán hacer una especie de “negociación espejo” entre los debates senatoriales en materia de energía, y los de los diputados en el tema político-electoral. Por su parte, la “zanahoria” para el PRD podría ser la voluntad del PRI para desatorar la discusión de la reforma política del Distrito Federal.
Por otra parte, ¿qué podría pasar al interior del PRI? ¿Estarán las cosas tan “viento en popa” respecto a los pocos márgenes de maniobra de la oposición, que ya habrá mayor riesgo del resurgimiento de choques de intereses dentro del tricolor? Por ejemplo, varias han sido las declaraciones por parte de integrantes del Revolucionario Institucional, señalando en temas como el energético que se le otorgó demasiado a la derecha en la modificación constitucional, por lo que pretenderían regresar la balanza hacia la izquierda en la reglamentación secundaria del sector. Por supuesto, estas manifestaciones tienen poco que ver con la ideología y mucho con los intereses ahí representados. No obstante, si bien existirá mayor juego dentro del PRI, la cohesión partidista ha sido superior al 95% en los pasados periodos ordinarios. De hecho, la disciplina mostrada por el PRI en el Congreso durante el gobierno de Peña, se aproxima a los topes históricos del partido. Asimismo, el único partido con una agenda clara de largo plazo es el PRI: su objetivo es conservarse en el poder a como dé lugar y utilizando los medios a su alcance para ello. La cuestión es si esto se mantendrá dado que en algunos de los asuntos involucrados representan desafíos fundamentales para cuadros del partido.
Por lo pronto, los primeros días de sesiones en las cámaras han ilustrado más o menos cómo podría comportarse el Legislativo durante los tres meses del periodo ordinario. Los dictámenes y minutas emanan de las comisiones (idealmente el primer filtro para afinar sus detalles) tras el avasallamiento de las mayorías priistas en ellas (algo no muy distinto a lo ocurrido en periodos anteriores). Pero después, al llegar al pleno, sobre todo de la Cámara de Diputados, y tras un acuerdo entre las cúpulas priistas, panistas e, incluso, perredistas, los debates son obviados, las reservas omitidas, y las votaciones se dan de manera expedita. Esto no sorprende. Lo que tampoco sorprende es la forma en la cual, además de poner poca resistencia legislativa, la oposición se hunde en sus propios infiernillos derivados de escándalos dignos de telenovela. En suma, la conducta del Congreso vislumbra un pragmatismo barato que, en pocas palabras, lo anula como un escenario democrático donde se supone deberían perfeccionarse las leyes encaminadas a propiciar mejores condiciones para el bienestar y el desarrollo de una nación.
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