El próximo 30 de abril concluye el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura, y aún quedan muchos pendientes por resolver. La carga de iniciativas, dictámenes y debates dentro de ambas cámaras y en las distintas comisiones, hace evidente que muchos asuntos se quedarán en “lista de espera” y tendrán que ser atendidos ya sea en un periodo extraordinario en mayo o junio, o hasta el siguiente ciclo del Congreso a iniciarse en septiembre.
La saturación de la agenda era evidente desde el inicio del periodo, pues se debía de atender la discusión de cerca de 80 leyes secundarias, 66 iniciativas, así como una gama de nombramientos de miembros de organismos autónomos. A pesar de esta sobrecarga, muchos preveían que la aprobación de las leyes secundarias de las reformas constitucionales ratificadas en 2013 sería un mero trámite, por lo menos en términos aritméticos. El PRI y sus aliados (PVEM y PANAL) contaban con los votos necesarios para alcanzar la mayoría simple necesaria en la Cámara de Diputados y requerían sólo el voto de cuatro senadores de la oposición para alcanzar el objetivo. Sin embargo, a menos de una semana de que concluya el periodo, todavía quedan leyes pendientes de gran relevancia para el país –de hecho las más trascendentes, particularmente la reglamentación de las reformas en materia de competencia, energía y telecomunicaciones- además de la político-electoral. Ante este escenario, el Legislativo enfrenta dos grandes riesgos: por un lado, seguir con reformas sin leyes reglamentarias, lo que pone en riesgo la certidumbre institucional para ponerlas en marcha y dejaría en entredicho su capacidad para “mover a México”. Por el otro, ceder ante la tentación de aprobar todas (o un gran número de) las reglamentaciones en este corto plazo restante, arriesgando su calidad. Aun en un escenario así, no hay razón para suponer que es posible imponer una resolución, pues el proceso de aprobación de las leyes secundarias involucra intereses fundamentales de todos los ordenes. Lo que fue disciplina partidista en 2013 se ha convertido en una batalla campal por los detalles: como era inevitable en un país con la diversidad que es el México de hoy.
La dilatación del proceso de discusión y aprobación de las leyes en el Congreso ha ocasionado que reine la incertidumbre, tanto en sentido económico, como político e institucional. En sentido económico, especialmente para las reformas de telecomunicaciones y la energética, la falta de leyes secundarias impide que llegue la inversión a estos sectores, pues para que se invierta se necesita certidumbre jurídica y claridad de quién se queda con qué. Por otro lado, la falta de marcos legales hace que la solidez institucional de organismos autónomos como el INE y el IFT sea cuestionable, pues a falta de reglas nuevas que vayan acorde a lo modificado por las reformas político electoral y de telecomunicaciones, respectivamente, estos organismos se han visto forzados a operar con los reglamentos anteriores que correspondían a sus órganos antecesores como el IFE y la COFETEL, todo lo cual abre la posibilidad de que comience una guerra de amparos que prolongue todavía más la implementación de las reformas. Este desfase creará controversias, ya que no sólo se trata, en algunos casos, de reglas distintas a lo previsto por las reformas, sino que gran parte de la aplicación en la materia queda a discreción de los órganos y sus consejeros. Además, la falta de reglamentación en materia electoral es de gran importancia, porque pone en riesgo la vigencia y validez del proceso electoral de 2015. Cabe recordar que las reformas electorales aprobadas serán aplicables el próximo año si, y únicamente si, sus leyes reglamentarias están listas al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral a arrancar en octubre.
Aunque la necesidad de aprobar las reglamentaciones de las reformas pronto es evidente, se debe tener cuidado de no descuidar la calidad de las mismas por querer vencer al tiempo y los plazos previstos. Vale la pena recordar que dichos plazos fueron establecidos por los propios legisladores en los artículos transitorios de las reformas y, para el caso de telecomunicaciones, dicho plazo venció el 9 de diciembre, y el 19 de abril para la energética. Los legisladores intercambiarán la pertinencia y sensatez de las leyes, sobre todo considerando la naturaleza tan sofisticada y técnica de los temas que se tienen que regular, por buscar que se ratifiquen dichas leyes rápido y aparentar mayor “eficiencia”. Al final del proceso, el resultado reflejará correlaciones de fuerza nacionales y sectoriales y no medidas de eficiencia de carácter abstracto. Si bien en términos ideales la responsabilidad del Legislativo es seguir el proceso estipulado en las reformas constitucionales, en la realidad estamos ante un Ejecutivo ha vuelto a dominar al Congreso al tener la potestad de facto para dar luz verde a la agenda. Estamos así frente a un proceso de centralización que a pesar de haber tenido la ventaja de aprobar reformas, también tiene la desventaja de diluir el endeble sistema de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión. Lo relevante del momento, con enormes implicaciones para el futuro, es que el propio ejecutivo ha sido incapaz de salirse con la suya en este proceso de implementación de reformas tan potencialmente trascendentes como las aprobadas en 2013.
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