En un informe emitido el pasado 23 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el crecimiento económico del país para el primer trimestre fue de tan sólo 1.8 por ciento. Esto obligó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a reducir el pronóstico de crecimiento para 2014 de 3.9 a 2.7 por ciento. El titular de la dependencia, Luis Videgaray, ha achacado la debilidad de las capacidades económicas del país a factores ajenos a su control, como el poco crecimiento de Estados Unidos debido al crudo invierno que vivieron, además de la caída más acelerada de la producción petrolera de PEMEX. Sin embargo, también ha reconocido (por fin) los efectos negativos de la miscelánea fiscal 2013 como la reducción en el consumo de los hogares mexicanos y la inhibición de la inversión privada.
Aunque hay algunos sectores en la opinión pública que claman por la destitución del secretario de Hacienda, esto no es ni previsible y, probablemente, ni deseable. La hipotética salida del principal asesor económico del presidente Peña, no de ahora, sino de hace largo tiempo en la carrera política del actual mandatario, mandaría una señal devastadora a los mercados. Por tanto, tal escenario es difícil de concretarse. Lo relevante, más que preguntarse si el timón económico del país lo debe o no conducir tal o cual persona, es contemplar tanto cuáles serían las consecuencias de continuar implementando medidas de corto plazo vinculadas al incremento del gasto nutrido de los recursos fiscales que han deprimido a la economía en general, como qué alternativas podría explorar el gobierno a fin de evitar más efectos indeseados a futuro.
No obstante, la administración Peña parece seguir más afligida por consolidar los mecanismos de control político del Ejecutivo–diluidos durante la alternancia—que por propiciar las mejores condiciones económicas para el desarrollo del país. Los alcances económicos posibles de reformas como la energética, de telecomunicaciones y financiera se verán, en el mejor de los casos de una aprobación e implementación aceptables, reflejados en unos tres a cinco años. Mientras tanto, el gobierno ha carecido de un conjunto de políticas positivas que apuntalen el crecimiento y den certidumbre en el corto plazo. En cambio, la apuesta tradicional por exprimir hasta los límites “tolerables” a los contribuyentes cautivos y al sector productivo –costumbre trasladada desde los tiempos del autoritarismo—ha probado ser inadecuada en momentos donde la economía está expuesta a demasiados riesgos, tanto estructurales como externos.
Por otra parte, la miscelánea fiscal aprobada por el PRI, sus aliados y el PRD el año pasado, no fue óptima en ampliar la base gravable, de forma que tampoco combate en lo absoluto la informalidad. Dentro de un conjunto de medidas posibles que le aseguraran el control político de múltiples actores –y afianza clientelas- a través del ejercicio de los recursos públicos, el gobierno buscó garantizar los ingresos para poder gastar ante una baja en la producción petrolera que fuera más pronunciada de lo esperado. El problema con este modelo político es que el gobierno considera que sabe utilizar los recursos mejor que los consumidores y las empresas mexicanas, situación que no se está viendo reflejada en los datos.
La economía mexicana tendrá un mayor crecimiento a partir del segundo semestre del año. Las razones: una mejor operación del gasto gubernamental, la probable aprobación de la legislación secundaria en telecomunicaciones y energía que podría atraer ciertos flujos iniciales de inversión y, la recuperación de Estados Unidos. Sin embargo, esto no implicará que se hayan sentado las bases de un arreglo institucional que propicie el crecimiento sostenido en el largo plazo.
El destino está alcanzando a México y parece que se va agotando el modelo político de gasto asistencialista y electorero, combinado con reformas descafeinadas que cambian “todo” para dejarlo igual. Aunque este escenario pueda garantizar la continuidad del PRI en el gobierno vía la repartición de billetes –literal—, el país no está en condiciones de continuar sosteniendo niveles mediocres de crecimiento y, peor aún, seguir tolerando administraciones ineficientes en su forma de ejercer –o dilapidar—el gasto público. La “gallina de los huevos de oro” de los contribuyentes cautivos tiene sus límites y mejor será nunca averiguar cuáles son.
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