La contingencia por los derrames de sustancias tóxicas en el río Bacanuchi y otros afluentes del río Sonora continúa. No obstante, los problemas para Grupo México, los operadores de la mina de Buenavista del Cobre, la legendaria Cananea, van más allá de una crisis ecológica. La situación en torno a la contaminación generada por el vertido de desechos amenaza incluso con escalar a un conflicto internacional, pues dichos líquidos han llegado al río San Pedro, el cual desemboca en Arizona. Asimismo, más allá de las implicaciones que podría tener un desastre ambiental de esta magnitud, el suceso deja entrever una disputa entre intereses privados, así como entre partidos políticos. Al ser múltiples las aristas en esta coyuntura, puede ser interesante revisar algunas de ellas.
A tan sólo mes y medio del primer derrame en el Bacanuchi, otras tantas catástrofes ambientales han ocurrido a lo largo del país. En días posteriores al accidente, se dio a conocer el descarrilamiento de un tren con 240 toneladas de ácido sulfúrico en Nogales, también Sonora, un derrame de cianuro en Durango, y una fuga de gasolina en Veracruz que causó severas afectaciones en el municipio de Tierra Blanca. Si bien todos estos sucesos evidencian la falta de controles por parte de compañías y el gobierno para prevenir y reparar los daños medioambientales, el escándalo mediático únicamente parece afectar y seguir creciendo en el caso de Buenavista del Cobre. Aun cuando ha protagonizado desgracias de magnitudes más trágicas como la explosión en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila (2006), el desprestigio contra Grupo México no había alcanzado los niveles de presión de los actuales derrames en Sonora. En esta ocasión, los silencios cómplices del gobierno de aquel entonces respecto a los eventos de Pasta de Conchos, se han convertido, ante la crisis en Sonora, en denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y multas interpuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contra el mayor consorcio minero mexicano. La pregunta es si lo anterior se debe a una actuación eficiente de las autoridades de la presente administración federal, o si simplemente se trata de un uso discrecional –si bien con todo motivo—de la procuración de justicia.
Algunos acontecimientos paralelos enturbian la situación. Días antes de que se emitiera la alerta por Buenavista del Cobre, se hizo pública la controversial salida del presidente de Grupo México del consejo de administración de Grupo Televisa. Televisa argumentó la eventualidad de un conflicto de intereses en caso de que Grupo México materializara su intención de concursar por una de las dos cadenas de televisión abierta que licitará el gobierno como producto de la reciente reforma en materia de telecomunicaciones. En ese contexto, los feroces ataques mediáticos contra el consorcio operador de la mina en desgracia se nutren tanto de la gravedad del conflicto ambiental, como de las sospechas de un conflicto entre particulares llevado al escarnio público de uno sobre el otro.
Por otro lado, en medio de la disputa quedó atrapado el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien en los comicios estatales de 2009 se vio beneficiado por el desprestigio del entonces mandatario local priista, Eduardo Bours, dado el manejo de éste acerca de la tragedia de la Guardería ABC. Hasta hace algunos días, Padrés era uno de los más fervientes defensores de Grupo México, pero esa cercanía lo colocó en la mira de sus rivales políticos, en especial de cara a la futura elección de gobernador en junio de 2015. Como parte de la coyuntura de Buenavista del Cobre, Padrés también cayó en desgracia al develarse la construcción de una represa en un rancho de su propiedad, alterando el cauce del río Sonora. Ciertamente, los yerros tanto del gobernador sonorense como del grupo minero los han dejado en una situación vulnerable ante sus intereses rivales.
La ausencia de un Estado de derecho en México crea un vacío en cuestión de procedimientos y reglas definidas que delimiten el actuar del gobierno y de los intereses privados ante un suceso en particular. El desastre ecológico en Sonora ha dado terreno fértil para manipular circunstancias fortuitas a favor de un interés particular o en contra de otro, en este caso, tanto el quebranto del capital político de Padrés, como el proyecto empresarial de Grupo México. Lo criticable no es castigar a los responsables de tal o cual falta o delito, sino la discrecionalidad con lo que se hace una vez, pero se omite en otras mil oportunidades. Por último, lo anterior cobra particular relevancia dada la ineludible tarea de establecer un marco regulatorio efectivo que garantice la seguridad industrial y la protección al medio ambiente, en especial de cara a la apertura producto de la reforma energética. Por lo pronto, los nuevos –y los no tan nuevos—actores, no sólo en el sector energético, sino en las distintas actividades económicas y, por supuesto, en el ambiente político, han recibido en éste y otros casos, una señal clara de que deben andarse “con pies de plomo”.
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