Las grandes expectativas generadas por la presentación del proyecto de reforma energética de la Presidencia de la República tendrán que esperar unos días más. A pesar de ello, ya se han empezado a escuchar algunos posibles detalles de la iniciativa que presentará el ejecutivo. El presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna (PRI), adelantó que incluirá cambios a la Constitución, sin especificar todavía cuáles serían los artículos a debatir. Por lo pronto, mientras no se tenga certeza de su contenido, la reforma seguirá dando lugar a cualquier cantidad de especulaciones. En este entorno, la palabra “privatización”, referida a las industrias eléctrica y petrolera, ha rondado como un poderoso tabú. Como arma retórico-política de quienes siempre se han opuesto a la modernización del sector energético, la bandera del “combate a la privatización” ha sido muy efectiva anteriormente. Es momento de clarificar algunos puntos.
Como es sabido, el mayor opositor a la reforma energética –sin conocerla, pero intuyendo su contenido, aunque para él éste es lo de menos- es Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño asegura que “privatización es sinónimo de corrupción”. Por un lado, además de que ni el gobierno federal, ni la propuesta presentada hace unos días por el PAN, plantean la privatización, cabe señalar que el actual régimen de monopolio estatal de las industrias eléctrica y petrolera ha sido todo menos libre de corrupción. De hecho, se fomentó la formación de una especie de “sub-élite” que, escudada en la defensa de los trabajadores, amasó enormes fortunas por la vía de los sindicatos.
Por otro lado, se requiere dejar en claro las diferencias entre “privatización” y “apertura a la participación privada”. Un ejemplo. Cuando en la década de 1990 se puso a la venta el paquete de medios del gobierno –de lo cual surgió TV Azteca tras la compra de Imevisión por Ricardo Salinas Pliego—, en esa oportunidad sí se privatizó una empresa, pero el espectro radioeléctrico, el verdadero bien de la nación, sólo se concesionó. De acuerdo con el marco jurídico vigente, el espectro radioeléctrico se encuentra funcionando bajo un sistema de concesionarios, a los cuales, legalmente se les puede despojar de las mismas si se considera un caso de “interés general”. Eso sucedió cuando, en virtud de la reforma electoral de 2007-2008, las cadenas de televisión debieron ceder espacios dentro de sus horarios de transmisión, a fin de colocar la propaganda del IFE y los partidos políticos. Así, incluso si se aprobase un régimen de concesiones en la industria petrolera –como lo propuso Acción Nacional—, el Estado no perdería por eso la potestad sobre la misma. Tampoco se está planteando una venta de Petróleos Mexicanos. Si se toma como referente la iniciativa panista –la cual se estima será más radical que la eventualmente presentada por el presidente Peña—, el hecho de compartir riesgos con otras empresas, aunque sean extranjeras, con los denominados “contratos-riesgo”, o incluso ofrecer concesiones a las mismas, no significa que se esté ni vendiendo la paraestatal, ni entregando la renta petrolera.
Finalmente, aunado a la responsabilidad de las autoridades de ser claras al momento de responder a los embates populistas contra la reforma, el mensaje gubernamental deberá ser contundente al momento de realizar proyecciones sobre los eventuales beneficios de la misma: plazos y etapas de la apertura (cuándo llegarán las inversiones, cuánto tardará en instalarse nueva infraestructura, cómo funcionan las capacidades instaladas, de qué manera se verá reflejado en el PIB y en cuánto tiempo). Asimismo, será fundamental ser cuidadoso en aventurarse a dar cifras ambiguas y sin sustento en una metodología rigurosa sobre, por ejemplo, el número potencial de empleos nuevos a crear tras la reforma. La mejor forma de combatir la ficción, es con la realidad.
Tan pronto presente el ejecutivo su iniciativa, la dinámica política cobrará una nueva forma. Sea cual fuere su contenido, es de esperarse que habrá disputas en las calles (incluyendo al PRI, cuyo presidente afirmó que pelearán por su reforma en todos los espacios). Proliferarán los análisis que buscarán calificar a la iniciativa en términos de sus alcances y potencial. Finalmente, comenzará el debate propiamente legislativo que inevitablemente se verá influido por lo que ocurra afuera. La gran pregunta es si la iniciativa que presente el ejecutivo será suficientemente ambiciosa como para justificar el escándalo que la acompañará y si atenderá lo que los potenciales inversionistas requerirían para decidir positivamente en sus decisiones de inversión futura. Una vez aprobada la iniciativa vendrá la siguiente disputa, esta sobre las finanzas públicas después de la pretendida transformación de Pemex. En contraste con la reforma energética, que lidia con posibilidades y promesas (y afectación de intereses en un círculo relativamente pequeño), la reforma fiscal que siga promete ser una disputa que afectará el bolsillo de todos los mexicanos.
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