Este 7 de noviembre, el jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera, organizó el evento Rumbo a la Reforma Política en el Distrito Federal. Con ello, el próximo mandatario de la Ciudad de México parece tener la seria intención de impulsar modificaciones de fondo al régimen, tanto político como presupuestario, bajo el cual ha funcionado la capital de la República por lo menos desde 1997 tras la desaparición del Departamento del Distrito Federal.
Si bien el equipo de Mancera aún no ha presentado su propuesta de reforma política por completo, hay algunos referentes que nos pueden indicar el camino que propone seguir. Por ejemplo, según se sugiere en declaraciones y trascendidos de medios de comunicación, y del mismo equipo del próximo mandatario de la ciudad, el equipo de este político considera incluir algunos cambios importantes contenidos en la propuesta que la Asamblea Legislativa del D.F. presentó al Senado hace un par de años.
Entre las propuestas mencionadas se encuentran la creación de una Constitución local, un Congreso local y la creación del estado 32. De la misma manera, se impulsaría el otorgamiento de facultades plenas al mandatario para nombrar al secretario de Seguridad Pública y al Procurador de Justicia, además de que el Congreso local pueda aprobar los techos de endeudamiento. Asimismo, se pide que se incrementen las facultades tributarias del gobierno capitalino y que se defina la participación del Distrito Federal en fondos federales como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Según los cálculos del propio Mancera el escenario político no podría ser más apropiado, pues considera que tanto la Asamblea del Distrito Federal como el Congreso de la Unión se encuentran a favor de esta propuesta. Por un lado, durante la presentación de esta iniciativa, los jefes de los tres principales partidos políticos nacionales en el Senado mostraron su apoyo a una reforma para la capital del país; habrá que ver si las palabras se transforman en acciones. Por otro lado, el dirigente del PRD-DF, Manuel Oropeza, fijó un posicionamiento a favor de esta propuesta y en declaraciones públicas ha hecho suya la iniciativa del jefe de gobierno electo. Hasta ahora todo bien. No obstante, habrá que revisar con la hacienda federal y otros actores involucrados qué piensan de esta propuesta y qué tanta disposición tienen de ceder todos estos espacios de poder y acción al GDF.
En particular, el nombramiento del Distrito Federal como una nueva entidad federativa levanta preguntas sobre las capacidades reales de este gobierno para tomar tareas que la federación ha hecho por este durante los últimos años. Destacan responsabilidades conflictivas como la educación, descentralizada en 1992, y el financiamiento de la infraestructura de la demarcación. Este último tema es un indicativo de que el GDF quiere los beneficios de la autonomía, pero sin los costos que implica. Específicamente, en los últimos días se ha sugerido que el equipo de Mancera buscará mantener legalmente una “garantía de corresponsabilidad” federal para el desarrollo de obras de infraestructura como el Metro. Es decir, toda la libertad, sin los problemas de la misma.
En síntesis, aún falta mucho por ver acerca del rumbo de la reforma política del Distrito Federal. Sin embargo, lo poco que se sabe de las preferencias del equipo del próximo jefe de gobierno del D.F. sugiere que el nuevo gobierno de la ciudad no quiere perder nada de aquello que le da una ventaja frente a otras unidades políticas del país. Habrá que ver, entonces, si su equipo podrá negociar tal situación con las fuerzas políticas del país que representan a esos estados en desventaja dentro del Congreso de la Unión.
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