Los recientes ataques contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, aumentaron la atención de la opinión pública internacional en la vulnerabilidad de las libertades de prensa y expresión, tema que por desgracia no es nuevo ni excepcional para México. Basta ver la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicada en agosto de 2013, en la cual se da cuenta del estatus que guardan los 842 expedientes de queja por hechos relacionados con la labor periodística, presentados ante este organismo desde el año 2000, y el significativo aumento que han tenido desde entonces. Cabe destacar cómo esta cantidad no incluye las quejas presentadas ante las comisiones estatales.
En contraste con los hechos ocurridos en Francia, en México ni siquiera es necesario entrar en conflicto con un dogma de fe o un grupo radical para generar una situación de riesgo por ejercer la libertad de expresión por medio de la prensa o las redes sociales. Casos como el del asesinato por parte del narco de la activista tamaulipeca María del Rosario Fuentes, quien a través de Twitter proporcionaba información a un medio local sobre situaciones de riesgo para la población, o el de la desaparición de José Moisés Sánchez Cerezo, que denunciaba corrupción de autoridades municipales y problemas en los servicios locales en Veracruz a través de un pequeño medio impreso y electrónico, son un ejemplo de comunicadores independientes susceptibles de amenazas, desaparición y homicidio por parte de poderes fácticos locales, sin la mediación de ningún mecanismo efectivo de protección. Peor aún, hay ocasiones donde la impunidad, la indiferencia y la omisión se encuentran apuntaladas por otros periodistas y medios. Muestra de ello son las acusaciones que han realizado algunos medios sobre la eventual pertenencia de Sánchez Cerezo a un grupo local de autodefensa. Aun si esto fuera verídico, no se puede manejar como si fuera un atenuante frente a un posible delito en contra de dicho fotoperiodista. La cultura de pretender tapar una conducta delictiva con otra, en vez de investigar y castigar la o las que resulten comprobadas, sólo preserva un régimen de discrecionalidad en la impartición de justicia.
Ahora bien, no sólo las autoridades locales y federales han fallado al no diseñar y aplicar protocolos específicos de seguridad pública a fin de proteger y defender a los periodistas y medios de comunicación. La situación se agrava todavía más con la impunidad derivada de la falta de voluntad y/o capacidad institucional para esclarecer y castigar estos delitos. En el mismo informe de la CNDH mencionado con anterioridad, se señala que, en el caso de homicidios y desapariciones de miembros de medios de comunicación, 89 por ciento de los casos denunciados ante las procuradurías locales y federal quedan impunes, pues la mayoría de las averiguaciones previas no se investigan y, en consecuencia, no se consignan.
Es urgente que las instituciones de seguridad pública diseñen y apliquen protocolos adecuados de protección a periodistas para impedir que las amenazas e intentos de censura terminen en desapariciones y homicidios, y que cuando no se puedan evitar decesos motivados por la actividad periodística, se investigue y sancione a los culpables, sin reparar si se trata de miembros del crimen organizado o, incluso, autoridades. Por desgracia, en México no se reconoce formalmente que en varias partes del territorio existen condiciones de guerra y por eso no son aplicables resoluciones internacionales en materia de protección a periodistas. Sin embargo, esto no exime a las autoridades locales y federales de garantizar medidas de protección similares a las ya desarrolladas por organismos como la Organización de las Naciones Unidas.
No es azar que, en situaciones de conflicto, sea una preocupación mayor la protección del gremio periodístico, pues bajo esas condiciones es donde más se necesita información independiente y oportuna, pero también cuando más riesgos corren los que ejercen esta labor. México, como una democracia no consolidada, debe asumir como una tarea impostergable la de proteger al periodismo de censuras, amenazas y ataques. Los obstáculos a la información también detienen el fortalecimiento democrático del país.
Por último, los periodistas igualmente tienen una enorme responsabilidad en la construcción de la democracia y desempeñan un papel crucial en el combate al principal flagelo de la sociedad mexicana: la corrupción. A fin de cuentas, un informador corrompido es un poderoso eslabón en una cadena de intereses ávidos de opacidad e impunidad. No obstante, hay ocasiones en las cuales el periodista se enfrenta a una encrucijada entre corromperse o atenerse a las consecuencias; una disyuntiva bastante frecuente en la dinámica del país que mucho sirve de pretexto, pero poco se ha hecho por combatir.
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