Este 19 y 20 de junio tendrá lugar un nuevo periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Ninguna de las reglamentaciones de las reformas más importantes será discutida en esta oportunidad. En cambio, la agenda de las sesiones por venir tratará ámbitos en general poco relevantes, sobre todo relacionados con aspectos político-electorales. Mientras tanto, las leyes secundarias de telecomunicaciones y las energéticas se encuentran estancadas en dimes y diretes entre los tres principales partidos políticos. En este sentido no hay que confundirse. La aparente parálisis legislativa de estos días no se debe a las distracciones del Mundial de futbol, sino al juego político interpartidista.
Uno de los puntos que habrán de deliberarse estos días en San Lázaro ha generado la más reciente discordia entre el PRI y el PAN, las bancadas que algunos suponían se aliarían a fin de sacar adelante el paquete reglamentario energético. Acción Nacional ha amenazado con levantarse de la mesa de negociaciones si se tocan las normas que regirán la distribución de porcentajes de votación en coaliciones dentro del marco de la reforma político-electoral. Los priistas pretenden conceder a los partidos de izquierda la posibilidad de que, por medio de las alianzas electorales, tengan mayores facilidades a fin de conservar el registro en los comicios del año próximo. De acuerdo con la propuesta a debatirse, pequeños institutos políticos como el PT y Movimiento Ciudadano tendrían más probabilidades de alcanzar el tres por ciento de sufragios requeridos para su supervivencia, en caso de unirse con el PRD. En tanto ello ocurre, la mitad de la reforma energética se encuentra en un marasmo complicado. Se habla de la mitad porque cabe recordar que dicho proceso se dividió en dos: una parte, la procedimental, se perpetra en el Senado; la otra, la referente a cuestiones presupuestarias, está en deliberaciones en la cancha de los diputados.
Si bien los liderazgos de las Comisiones Unidas de Energía (encabezada por el priista, David Penchyna) y de Estudios Legislativos, Primera (presidida por el panista, Raúl Gracia) acordaron programar el proceso de discusión de la reglamentación energética en un plazo que concluiría –se supone—el 26 de junio, han surgido conflictos en el Senado que podrían retrasar el cumplimiento de esa intención. Es cierto que el PRI no cuenta con los escaños suficientes a fin de pasar, por sí solo y con sus aliados, cualquier norma legislativa en el recinto de Reforma. Sin embargo, los priistas parecen no estar contemplando la opción del mayoriteo en una cuestión tan delicada como las leyes secundarias energéticas. La legitimidad se ha erigido como un componente importante en la conclusión del proceso de apertura del sector de energía. Ahora bien, en San Lázaro la historia es distinta. Los trabajos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Energía de la Cámara de Diputados han ido concretando de manera paralela los dictámenes de aquellas leyes relacionadas con presupuesto e ingresos, por ejemplo, las reglas del Fondo Mexicano del Petróleo y la forma en la cual serán utilizados sus recursos.
Aunque parezca que el Campeonato Mundial de Futbol ha distraído las miradas del escenario legislativo, la verdad es que el Congreso ha estado laborando intensamente, tanto en los aspectos de diseño de las reglamentaciones, como en el ámbito de las negociaciones (y los caprichos) en materia política. Por otra parte, es importante analizar con cuidado la complejidad de las leyes en comento. El paquete energético de ningún modo es una cuestión menor. La opinión pública, cuando decide cubrir el proceso actual de las reformas y se olvida un poco del futbol, suele realizar reportes y análisis muy superficiales sobre el particular. No es cosa de achacarle al torneo de futbol la culpabilidad de que las leyes secundarias transiten o no. Tampoco es que, si no existiera el Mundial, las discusiones en el Congreso tendrían otro rumbo. Las fuerzas políticas están actuando como uno supondría: representando intereses, con frecuencia los propios, ocultando motivaciones particulares (opacidad) y generando un sinnúmero de fuentes de sospecha. Todo esto es natural e, incluso, deseable, pues es la naturaleza de un cuerpo representativo; se supone que los congresistas están en sus puestos para y por ello. Lo criticable es que todos los distractores políticos, no los mediáticos, enturbien la eventualidad de lograr reformas con contenidos útiles a fin de consolidar cambios reales que fomenten el desarrollo del país y faciliten la salida del estancamiento en el cual se encuentra inmersa la economía mexicana. Para eso se requeriría, sin embargo, una visión mucho más clara y explícita del modelo de desarrollo de la industria (en este caso la energética) del que en este momento existe en todo el ámbito del gobierno: ejecutivo y legislativo.
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