El pasado tres de diciembre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) emitió un comunicado en el que manifiesta su indignación por la resolución de la Corte en el caso de Lydia Cacho. En el comunicado se manifiesta solidaridad con la APPO, con el movimiento que se opone a la construcción de la presa La Parota y con los alumnos desalojados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Ese mismo día, cientos de manifestantes marcharon en memoria del guerrillero Lucio Cabañas por las calles de Atoyac y Tuxtla. El EPR ha señalado que ante el hostigamiento y la imposición estatales, se impone la “autodefensa armada popular”. Este cóctel antisistémico amenaza con nuevos actos de violencia, que pone a prueba a los órganos de inteligencia del Estado. Así mismo, impone la necesidad de intensificar las labores gubernamentales de despresurización social y desactivación del potencial de violencia de grupos radicales.
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