El pasado 5 de diciembre, durante su toma de protesta como jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera anunció su intención de crear una coalición anticrimen para la zona central del país. El llamado “Escudo Centro” sería un esfuerzo entre los gobiernos de entidades como Hidalgo, Morelos, México, Puebla, Tlaxcala y el mismo D.F., enfocado en la reducción y combate a la delincuencia, a través de la homogeneización de instrumentos operativos de prevención y persecución del delito. Dado el desordenado crecimiento de la Ciudad de México hacia prácticamente los cuatro puntos cardinales, el paulatino forjamiento de una megalópolis va generando necesidades y problemas cuya atención cada vez será más urgente. El tema de la seguridad, no sólo vinculado con el combate a la delincuencia organizada o al narcotráfico, está llamado a ser uno de los principales dentro de esa discusión. Ahora bien, ¿cuáles serían los mayores conflictos que una idea como el Escudo Centro enfrentaría en su proceso de implementación?
Si bien Mancera se ha erigido como la vanguardia en este eventual proyecto de coordinación interestatal en el centro de México, estaría por verse si él podrá asumir el liderazgo del mismo. Al parecer, uno de los principales obstáculos para ello sería el mayor vecino de la capital: el Estado de México. Aunque el Distrito Federal es el nodo económico de la región –y del país—, la entidad mexiquense lo supera en términos demográficos, si bien casi 5 millones de sus habitantes trabajan físicamente en territorio capitalino. Lo cierto es que los nexos entre mexiquenses y capitalinos son en extremo intensos, y ya no sólo con los llamados municipios conurbados, sino con comunidades más alejadas como Toluca y sus inmediaciones, ciudad que, por cierto, planea ser conectada con la Ciudad de México con un tren rápido a construirse durante el sexenio que inicia. Asimismo, como heredero del hoy presidente Peña Nieto en la gubernatura del estado, Eruviel Ávila podría tener un importante apalancamiento desde la autoridad federal en cualquier política que involucre a varios estados de la República. De esta forma, la postura del Estado de México será fundamental, sobretodo con el potencial de que el Escudo Centro pudiera convertirse en una especie de contrapeso respecto a la política de seguridad del gobierno federal –tal como lo fue, por ejemplo, la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), la cual surgió en principio como una confederación de gobernadores priistas, frente al gobierno federal panista. De hecho, si se revisa el mapa político de la región en cuestión, tres estados (D.F., Morelos y Puebla) tienen gobiernos de oposición al partido en Los Pinos, mientras dos son bastiones que aportan los cimientos fundamentales de la actual administración federal: Hidalgo (con los titulares de Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República) y el Estado de México. Entonces, en una estructura que abarcara a las seis entidades mencionadas, el gobierno federal podría tener gran influencia al menos en la mitad (considerando Tlaxcala).
Por último, la coordinación metropolitana, primero, y ahora la interestatal, es algo no sólo deseable sino imperativo, en particular en asuntos de seguridad. A pesar de que así suele suceder en sistemas federales, dada la situación actual del país es inconcebible que una simple calle, semáforo o letrero, impida que un policía pueda perseguir a un criminal por haber salido de su jurisdicción; eso por mencionar el problema más elemental y no profundizar en temas de mayor complejidad como compartir información de inteligencia u homologar códigos penales. Más allá de las consideraciones y veleidades políticas, la clave es poder encontrar fórmulas para garantizar condiciones de certidumbre que permitan, en este caso, a la zona económica y socialmente más dinámica de la nación, explotar todo su potencial de desarrollo y, por supuesto, vivir en paz.
Lo que es plausible en este y otros temas es el hecho de que todo mundo anticipa una redefinición del federalismo y cada actor en este proceso está respondiendo como mejor lo entiende. El tiempo dirá si estos mecanismos de organización sirven para impedir intentos de re-centralización política, mejorar la calidad del gobierno a sus tres niveles o, simplemente, para mantener, por otros medios, mecanismos paralizantes para el desarrollo del país.
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