En días pasados, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Ángel Gurría, habló sobre el IVA en México. Afirmó que el contexto económico mundial con el que iniciará su gestión Enrique Peña Nieto es muy complejo, por lo que implicará un esfuerzo importante en materia de finanzas públicas del nuevo gobierno, para evitar sobresaltos y consolidar la fortaleza estructural de los ingresos públicos. En particular, hizo referencia al IVA como una herramienta útil para todo gobierno, a fin de incrementar sus ingresos de forma progresiva y eficiente, y evitar así incurrir en déficit presupuestario. Sobre este punto, señaló que la tendencia de los países miembros de la OCDE es la de bajar los impuestos al empleo y la inversión (por ejemplo, el ISR y el IETU) y aumentar los impuestos a la propiedad inmobiliaria y al consumo, como el propio IVA o el IEPS. Asimismo, añadió que en la OCDE el promedio del IVA es del 19%, sin deducciones ni excepciones; en contraste con la situación actual de México, donde el promedio, considerando a la tasa fronteriza, las excepciones y exenciones, es del 9%. Si bien estas afirmaciones no fueron recogidas de manera exacta por los medios de comunicación, los cuales llegaron a afirmar que Gurría sugería aumentar el IVA al 19%, sí que dan lugar a una reflexión más profunda sobre la composición de la recaudación en México y las necesidades del país en materia de finanzas públicas.
Ciertamente, el país ha avanzado en los últimos años en su esquema fiscal –si bien no lo que debería—, sobretodo en el rubro de la dependencia a los ingresos petroleros. En 2006, los ingresos petroleros equivalían al 8.3% del Producto Interno Bruto (PIB), los tributarios no petroleros al 9.0% y, los no tributarios al 4.5%. En cambio, de acuerdo con el Paquete Económico 2012, la SHCP estimó que, al cierre de 2011, los ingresos del sector público derivados de impuestos no vinculados al petróleo serían equivalentes al 9.9% del PIB, los ingresos petroleros al 7.4%, y los ingresos no tributarios al 4.4%. La reducción del peso de los ingresos petroleros se debió en parte a la reforma fiscal de 2007, la cual permitió que la efectividad del impuesto sobre la renta (ISR) se incrementara (pasó de representar el 4.3% del PIB en 2006 al 5.0 en 2011), y que los impuestos de la contribución empresarial a tasa única (IETU) y a los depósitos en efectivo (IDE) dieran un pequeño aliento a la recaudación. No obstante, es claro que el cobro de impuestos en México sigue planteando un problema estructural de las finanzas públicas. En este sentido, el IVA –un impuesto con mayor potencial y que genera mejores incentivos a la economía, al ser progresivo y gravar el consumo y no la producción o el trabajo— es un elemento que puede ser muy útil para reducir aún más la dependencia que hay de los ingresos derivados del petróleo.
La sugerencia de modificar al alza el IVA responde a su alto potencial y eficiencia recaudatoria que, además, genera incentivos positivos en los agentes económicos para disminuir la dependencia de nuestras finanzas públicas de los volátiles e inciertos ingresos petroleros. Sin embargo, el próximo Presidente, priísta, deberá vencer muchas resistencias si quiere seguir el ejemplo de las naciones más desarrolladas del mundo. Entre otras están la percepción que tiene la ciudadanía sobre el impuesto, las interpretaciones que hace la prensa sobre cualquier afirmación que se haga sobre éste y, por supuesto, la misma retórica negativa que ha construido alrededor del IVA el partido mayoritario del país: ni más ni menos que el PRI.
La próxima administración no tendrá alternativa más que enfrentar el problema recaudatorio, sobre todo porque es incompatible la liberalización financiera de PEMEX con el nivel de recaudación que hoy caracteriza al país. Más que financiero, el asunto es político y radica en la capacidad que tenga la nueva administración de lograr tres hitos por demás complejos: primero, lograr un control de las finanzas estatales y municipales; segundo, crear un régimen idóneo para que PEMEX se pueda desarrollar sin retornar a los abusos que originaron su control directo hace décadas; y, tercero, explicarle convincentemente a la población las razones por las cuales el IVA es una solución adecuada. Nada fácil.
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