Desde la semana pasada, los jornaleros de los campos agrícolas de San Quintín, municipio de Ensenada, realizaron un paro para exigir respeto a sus derechos laborales, seguridad social y prestaciones de ley. La mayoría son indígenas provenientes de Oaxaca (mixtecos y triquis), Guerrero, Puebla y Veracruz. Asimismo, a lo largo de los últimos días, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) dio a conocer tanto el rescate de dos centenares de indígenas tarahumaras de campos de cultivo en Baja California Sur, como otro de una cuarentena de indígenas mixtecos explotados en Colima (una cuarta parte de ellos menores de edad). Estos casos son escandalosos por diversas razones, desde las flagrantes violaciones al marco jurídico laboral, hasta el maltrato y la discriminación contra grupos vulnerables. Sin embargo, la explicación de por qué son recurrentes estas situaciones de explotación en el país tiene aristas más allá de meras violaciones a la normatividad.
La explotación a los jornaleros agrícolas, en particular a aquellos pertenecientes a algún grupo indígena, es producto de dos factores primordiales: uno, la falta de condiciones de desarrollo en sus comunidades y la consecuente necesidad de emigrar; y dos, la oportunidad que ven ciertos sectores económicos, tanto legales como ilícitos, para tener acceso a mano de obra barata y, además, desamparada de la protección de una paupérrima o, en su defecto, nula aplicación de la ley. Y esto no sólo se refiere a la legislación laboral, sino también a la desprotección que padecen estos grupos vulnerables ante el imperio del crimen organizado en sus lugares de origen. Sin duda, el ejemplo de los tarahumaras es probablemente el más crudo, ya que este pueblo se halla en la disyuntiva entre la extinción, en caso de permanecer en su lugar natal, la incorporación a actividades delincuenciales, o la emigración a zonas donde la tierra es más fértil pero, al no pertenecerles, se someten a los trabajos que les imponen sus propietarios bajo condiciones en no pocas ocasiones infrahumanas.
Ahora bien, la buena noticia del rescate de trabajadores que ha llevado a cabo últimamente la STyPS por medio del Operativo México con Trabajo Digno, presentado en enero pasado, tiene un lado no del todo venturoso. Los campesinos rescatados no necesariamente encontrarán otras opciones de trabajo y lo más probable es que queden en el desempleo, tengan que emigrar a Estados Unidos, o terminen reclutados por organizaciones delincuenciales. El entorno desfavorable que se describe aquí se entiende porque el país ha generado empleos poco productivos y sin generación de valor agregado, lo cual no crea una fuerza laboral robusta. En este sentido, lo relevante no es proponer más cambios a la legislación laboral, sino replantear el actual modelo de crecimiento que ha tolerado más de tres décadas de estancamiento en la productividad. Mientras hay un México que crece al capacitar a su mano de obra en tareas manufactureras complejas, hay otro que retrocede al tener a personas vulnerables y de escasos recursos haciendo trabajos que aportan poco valor y que, por ende, pueden ser reemplazados fácilmente. Paradójicamente, el México más productivo es también el que cuenta con menos protecciones de carácter comercial: es el sector que goza de protecciones arancelarias y no arancelarias el que se caracteriza por el mayor rezago en materia de productividad.
México requiere implementar un modelo de desarrollo y no uno de crecimiento llano. Para ello será indispensable una visión integral que incluya esquemas de capacitación basados en las necesidades de competencias; leyes claras y enfocadas a equilibrar las relaciones productivas, es decir, que no solape los abusos patronales, pero que tampoco se convierta en una tiranía de, por ejemplo, los sindicatos; así como privilegiar las actividades que aprovechen los recursos del país, pero no bajo una perspectiva simplemente extractiva, sino una de generación de valor agregado. Mientras esto no se modifique, el esquema de baja productividad continuará generando incentivos perversos para los abusos, no nada más contra grupos vulnerables, sino en perjuicio de una fuerza laboral tan improductiva como pauperizada y, por qué no decirlo, desmotivada. Como ilustra el sector manufacturero de exportación, la respuesta reside en la competencia abierta. No hay de otra.
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