La iniciativa de reforma energética del Ejecutivo representa uno de los golpes más importantes al poder y a la participación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en la industria petrolera nacional. La reforma contempla una serie de medidas que merman el papel protagónico de los trabajadores miembros y dirigentes del sindicato. Actualmente se calcula que PEMEX cuenta con 155, 000 trabajadores de los cuales alrededor de 101,000 son sindicalizados; por lo que un cambio en la injerencia del sindicato dentro de la empresa y del sector energético no es menor.
A grandes rasgos, la reforma esboza los mecanismos y procesos que se utilizarán para el debilitar al STPRM. El adelgazamiento del poder sindical es un factor necesario, más no suficiente, para atraer la inversión privada al sector –como pretende lograr la reforma. A lo largo de los años, el sindicato ha disfrutado de condiciones laborales mucho más generosas que las previstas en la ley laboral vigente, las cuales han representado altos costos al Estado y se han traducido a un pasivo laboral exorbitante. Entre estas prestaciones se encuentra, por ejemplo, que los trabajadores sindicalizados disfrutan de un esquema de pensiones en donde reciben el 80% de su salario una vez que se jubilan, acceso a becas para financiar la educación de sus hijos, créditos hipotecarios y cuotas de combustibles y gas a mitad de precio. Resulta difícil pensar que las empresas privadas aceptarían invertir en el sector si estuvieran forzadas a contratar a los trabajadores en estas condiciones y manteniendo estos términos contractuales tan costosos.
La reforma plantea el debilitamiento del STPRM principalmente por dos vías. En primer lugar, la reestructuración del Consejo Administrativo de PEMEX, expresada en el artículo vigésimo transitorio, que deja fuera al sindicato del Consejo es crucial. Hasta hoy el Consejo Administrativo se conforma por 6 representantes del Estado, 4 consejeros profesionales, y 5 representantes del sindicato. La reforma plantea que el Consejo será constituido únicamente por 5 consejeros del gobierno federal y 5 consejeros independientes. El Consejo ha sido el órgano dentro del cual el sindicato ha negociado los términos del contrato colectivo y donde ha conseguido la mayor parte de los beneficios para sus trabajadores, algunos justificables y otros claramente excesivos. En segundo lugar, aunque la reforma señala que los trabajadores conservarán sus derechos previos a la misma, el nuevo régimen de contratación estará regido por estándares internacionales que se refieren a las mejores prácticas del sector lo cual se traduce a que las prerrogativas sindicales y los términos tan ventajosos del contrato colectivo llegarán a su fin. Lo que la reforma no toca es la relación entre los liderazgos del sindicato y los trabajadores, relación en la que yace un factor crítico de la corrupción del sector.
Si bien el (supuesto) desmantelamiento del poder sindical y su injerencia en las decisiones de PEMEX es un cambio trascendental, hay que ser cauteloso sobre su potencial impacto en temas de corrupción y transparencia. El sindicato es acusado, y con sustento, de llevar a cabo prácticas opacas y corruptas. Sin embargo, el debilitamiento e inclusive la desaparición del sindicato no garantizan que la corrupción del sector energético nacional desaparezca pues esta no es exclusiva del STPRM. Existe un gran número de actores, desde contratistas, proveedores y otros miembros de la burocracia, igual de corruptos que no son afectados por la reforma. Es relevante resaltar que este debilitamiento no ha propiciado el descontento de los trabajadores sindicalizados ni de su secretario general, Carlos Romero Deschamps. No vemos que los trabajadores del STPRM se unan a las marchas o cercos en contra de la reforma ni observamos al Senador Deschamps oponer resistencia a la aprobación del dictamen. Antes de llegar a concusiones al respecto, habrá que ver, primero, el contenido de la ley secundaria y, después, la capacidad del gobierno de implementarla. Lo único certero es que la ambición de la reforma lograda esta semana, al menos en su primera etapa, va a movilizar a una legión de potenciales afectados. No cabe duda que los meses próximos serán cruciales tanto para los diversos opositores a la reforma –igual por razones de interés directo, creencia o interés político- como para sus promotores. La conjunción de ambas fuerzas rendirá su veredicto en dos momentos: a la hora de la ley secundaria y en el proceso de implementación.
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