La reunión del G-20 generó compromisos pero no acciones precisas ni mecanismos que aseguren su cumplimiento. Tampoco se creó, como algunos anticipaban, un nuevo sistema económico. Por el contrario, ante el reto de encontrar soluciones de corto plazo y evitar que se presente de nuevo una crisis de esta magnitud, se reafirmó el compromiso de seguir implementando políticas monetarias y fiscales que estimulen a la economía, así como llevar a cabo una mayor regulación y supervisión financiera. Mientras que el análisis y el debate internacional sobre el qué hacer y cómo hacerlo apenas van tomando forma, la crisis sigue evolucionando y la situación de la economía real es cada vez peor. En esta nueva etapa, México al igual que otros países, ya no es sólo víctima de la turbulencia financiera sino también del estado crítico en que se encuentran algunas compañías e industrias norteamericanas lo cual tendrá un efecto negativo muy importante en la economía mexicana. Sin embargo, no está en las manos de México ni en las de ningún otro miembro del G-20 el decidir si se debe (o no se debe) rescatar a estas compañías, una asimetría que constituye un obstáculo más para poder superar la crisis.
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