Por motivos de seguridad derivados de una mala planeación en la obra, 11 de las 20 estaciones pertenecientes a la línea 12 del Metro de la Ciudad de México cerraron; un caos social, vial, mediático y político. Razones sobran. Ya sea que las vías fueron mal construidas o que los trenes las desgastaron, estamos ante un escenario –como suele observarse en este tipo de escándalos– en el cual todo mundo se deslinda y evade su responsabilidad. Pero más allá de la grilla política en esto, hay un factor siempre presente: obras que cuestan mucho más de lo que se presupuestó inicialmente y licitaciones dudosas o que favorecen a grupos de interés. Ante la coyuntura, y dejando de lado los linchamientos a uno u otro personaje, cabe preguntarse si este tipo de procesos podrían llegar a ser transparentes o, en su defecto, si los responsables de eventuales faltas, fallas o actos de corrupción serán castigados.
México ha sido testigo de innumerables obras inauguradas incompletas en los últimos minutos de una administración, con el fin de poder “cerrar con broche de oro” y no incurrir en subejercicios (en algún tiempo se le llamaba “El Año de Hidalgo”). El sexenio anterior no fue una excepción. Por ejemplo, el Túnel Emisor Oriente fue inaugurado un día antes de finalizar la gestión del presidente Calderón; se invirtieron 22 mil millones de pesos y no fue concluido. Algo similar ocurrió con la presa de “El Realito” en los límites de Guanajuato y San Luis Potosí, donde se cortó el listón para el vaso de la obra, pero se dejó pendiente el acueducto. Por último, a lo más que llegó el proyecto de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, prometida para entrega en 2011, fue a la apertura de un libramiento entre Ocotlán y Ejutla, a más de 200 kilómetros del destino final.
Otro acto de corrupción no es tanto el elevado costo presupuestado de las obras públicas, sino los excedentes que se deben de pagar para concluirlas. Siempre en una obra, sobre todo en aquellas de gran magnitud, suelen aparecen imponderables que naturalmente terminan por incrementar el monto original estimado para su construcción. Esto es comprensible. Sin embargo, cuando se habla de obra pública, esos sobrecostos acaban siendo alucinantes. La línea 12 costó 70 por ciento más de lo proyectado, mientras la nueva sede del Senado se fue 137 por ciento arriba de lo previsto. Ambas obras fueron, además, mal construidas. Ni hablar de la Estela de Luz, un adorno de 1,304 millones de pesos (192 por ciento por encima del presupuesto original). Es cierto que el precio final generalmente rebasa las estimaciones iniciales (el margen es de aproximadamente un 15 por ciento), pero la información de esto debería ser transparente y pública. El artículo 31, fracción XV, de la Ley de Obras Públicas, establece que todos los estudios o programas previamente realizados por las empresas constructoras deben incluir supuestos, especificaciones e información verídica, además de ajustarse a los requerimientos reales de la obra a ejecutar. Lo más importante es que los obliga a considerar costos estimados apegados a las condiciones del mercado. Si éste es el caso, ¿por qué los precios finales desorbitantes y quién resulta responsable?
El rubro de infraestructura en el Presupuesto de Egresos es el que tiene mayores modificaciones. Esto debido al cabildeo político y las interminables peticiones de alcaldes y gobernadores que proponen “megaobras” para ganarse al electorado (mismas que muchas veces no tienen prioridad sobre proyectos como vías férreas, aeropuertos o tendido de banda ancha). Resulta alarmante que México quiera jugar un papel importante en el mercado de los hidrocarburos y telecomunicaciones, cuando tiene un grave déficit de infraestructura. Esto lo hace menos rentable al no tener mejores vías de comunicación, electrificación o de agua potable, lo que puede reducir los costos de producción y de movilización de mercancías.
¿Será posible que las flamantes promesas como una nueva línea de Metro en Monterrey, un tren interurbano México-Toluca, o uno transpeninsular entre Quintana Roo y Yucatán, sean proyectos que en verdad abonen a la productividad del país y, sobre todo, hagan uso eficiente de los recursos públicos? En el ideal, en un sistema de rendición de cuentas debe haber controles, transparencia y sanciones (enforcement). Sin embargo, mientras la probabilidad de castigo siga siendo baja y altos los beneficios privados de los excesos, dichos conceptos resultan burlados y los incentivos para continuar el esquilme del presupuesto seguirán siendo muy altos.
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