El asesinato en Ciudad Acuña del hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ha evidenciado (otra vez) la vulnerabilidad de la clase política ante la violencia y el crimen (organizado o no). A pesar de la tempestad delincuencial que ha azotado a dicho estado en los últimos meses –masacres en Torreón, la fuga del penal de Piedras Negras, balaceras en Saltillo—, el incidente Moreira pudiera haber prendido las alertas más allá de las fronteras coahuilenses. Aunque la impotencia ciudadana parece traducirse paulatinamente en una suerte de resignación y ausencia de capacidad de asombro ante el clima de violencia en el país, el dolor de Humberto Moreira –quien, desde la dirigencia del PRI, fue uno de los artífices de la construcción de la candidatura presidencial de Enrique Peña—, podría generar un sentimiento de legítimo temor entre una clase política cada vez más mundana en términos de su seguridad. ¿Podrá ser este lamentable acontecimiento un detonador definitivo para que la clase política como un todo asuma como suya y, en su caso, redefina la estrategia de combate a la criminalidad y la violencia?
El riesgo y los costos de mantener el rumbo de la estrategia actual parecen cada vez más difíciles de sobrellevar, tanto para la ciudadanía como para la clase dirigente. La escalada en el número de homicidios, la detención de capos y la subsecuente lucha entre cárteles por las diferentes plazas del país y por la tutela del negocio, han llevado a la relativización y banalización de la violencia como un componente más de la realidad nacional. La falta de indignación ante la generalización del fenómeno de violencia que hoy aqueja a todos los rincones del país es alarmante. La descomposición no es únicamente social, sino también institucional. Enrique Peña Nieto enfrenta la decisión de qué hacer con la estrategia de seguridad para cumplir uno de sus compromisos de campaña: “Recuperar la paz y la libertad”. Incluso, Peña se comprometió a reducir en por lo menos un 50% la tasa de homicidios y secuestros. No obstante, el próximo presidente enfrenta un gran dilema, ya que los márgenes para cambiar el statu quo se reducen día con día, no porque la estrategia actual sea la adecuada, sino porque su propia existencia va orillando al país hacia un callejón cada vez más estrecho.
La labor que le espera al futuro presidente es titánica: deberá fortalecer las instituciones de procuración de justicia, restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, desmilitarizar el país sin ceder terreno al crimen organizado, consolidar los cuerpos policiacos civiles (en particular a nivel estatal y municipal), y purgar al sistema penitenciario por citar sólo algunos pendientes. Además, al próximo gobierno le tocará, a mediados de 2016, el final de la vacatio legis para la implementación de la reforma penal. Ciertamente, en cuestión de instituciones, Peña encontrará la casa menos desordenada y más sólida de como la recibió Calderón hace seis años. Sin embargo, los avances institucionales palidecen ante el desenfreno de la violencia. Peña deberá elaborar desde el inicio de su mandato estrategias de corto, mediano y largo plazo coherentes, para evitar la desarticulación y cambios de rumbo que vimos durante el sexenio de Calderón. El tiempo se termina para el aprendizaje y se ha agotado para la experimentación. Si más de 70 mil muertos no han sido suficientes para darse cuenta de ello, es probable que otros 70 mil tampoco lo sean. Las capacidades de liderazgo de Enrique Peña Nieto como jefe de Estado tendrán la palabra.
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