En las elecciones intermedias a celebrarse el 5 de julio de este año, el IFE ha asumido la responsabilidad de regular los comicios en dos frentes: por un lado, en el blindaje de las campañas electorales contra la injerencia del narcotráfico en el Congreso federal o en puestos de elección popular a nivel local; y, por el otro, con la instrumentación de la reforma electoral, específicamente, en la supervisión del acceso de los partidos a los medios de comunicación. La coyuntura electoral es el mejor momento para asegurar que el crimen organizado no penetre más estructuras de poder político que pongan en riesgo la gobernabilidad del país. En este ámbito la colaboración de los partidos políticos en el blindaje es vital. Así mismo, una adecuada fiscalización del gasto de los partidos junto con una regulación certera en el acceso a radio y televisión reafirman la necesidad de una contienda más equitativa entre todas las fuerzas políticas para dejar atrás el fantasma del 2006. La construcción de la confianza ciudadana recae en buena medida en los partidos y en el árbitro electoral como dos piezas centrales de la democracia. El grave problema hasta ahora ha sido la enorme influencia que tienen los primeros en las decisiones y en el actuar del IFE. Por lo tanto, el acatamiento de las reglas y el respeto al quehacer del IFE por parte de los partidos políticos en estos comicios serían un buen augurio para el sistema político en su conjunto. El riesgo latente es que este escenario parece poco probable.
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