El pasado 2 de septiembre, el presidente Peña ofreció un discurso en el que recapituló las propuestas y avances de los primeros nueve meses de su gobierno. Si bien puede concederse que es muy poco tiempo para exigirle la erradicación de los problemas estructurales de México, también puede cuestionársele si en efecto ha habido un cambio de rumbo en el país. En esta oportunidad damos una mirada rápida a tres rubros clave: seguridad, educación y economía.
Según el presidente Peña, su meta primordial era conseguir un México en paz a través de una nueva política pública en materia de seguridad y justicia, cuyos logros –entre otros- abarcan la captura de 65 de los 122 delincuentes más buscados, así como la reducción de los homicidios dolosos en un 13.7%. Sin embargo, más allá de que la cifra de homicidios es cuestionable por la falta de transparencia sobre la metodología utilizada, el presidente no hizo mención sobre la existencia (o no) de control gubernamental de zonas de alto riesgo. No sólo es el caso de los sucesos recientes en Michoacán y Guerrero entre narcos y autodefensas, sino estados cuya tranquilidad sigue en duda como Tamaulipas o Chihuahua. También omitió mencionar cómo impedirá el famoso “efecto cucaracha” del cual tanto se habla cuando se blinda una región descuidando otra. O de cómo la sede de los poderes federales cada vez parece más vulnerable, no tanto ante la delincuencia organizada, sino de cara a la protesta social esperada a causa de su política de reformas. Al englobar todo esto aparece inexorable la pregunta: ¿realmente Peña ha “roto con la inercia” respecto a su antecesor, o sólo ha sido un cambio de discurso mediático que pretende aliviar la percepción de inseguridad en la sociedad sin cambiar la estrategia?
En lo referente a su meta de construir un país con educación de calidad, Peña argumentó que lo conseguirá con la reforma educativa y la nueva Ley del Servicio Profesional. Así, los niños y jóvenes mexicanos obtendrán las herramientas necesarias para acceder a mejores oportunidades una vez que inicien su vida laboral. Pero, ¿cómo será posible esto si la modificación propuesta no cubre otros demonios del sistema educativo como la educación superior?; ¿se contemplan controles para que el sistema de evaluaciones no termine siendo una nueva ventanilla de corrupción?; ¿cómo se pretende una evaluación nacional si cada estado realizará la suya propia?; ¿dónde quedó la discusión acerca del cambio en el modelo educativo?; ¿por qué no se menciona la imperiosidad de un gasto más eficiente en el rubro? Si, al final del día, la reforma educativa pretende generar cambios con sólo modificar la dinámica de la pirámide de distribución del presupuesto educativo, perpetuando la corrupción en la misma, sus perspectivas podrían no ser del todo halagüeñas.
Por su parte, Peña promete crecimiento elevado, sostenido y sustentable, así como “democratizar la productividad” (cualquier cosa que eso signifique), para lo cual las reformas energética y hacendaria son clave. Aquí conviene ir por partes. En primer lugar, la propuesta de reforma energética, aunque en la dirección adecuada, depende no sólo de la reforma constitucional (que es el contenido de la iniciativa que hoy está en manos del legislativo) sino sobre todo de lo que llegara a presentarse en la ley reglamentaria y, muy particularmente, en el proceso posterior de instrumentación, asunto no menor en el caso de Pemex. Habrá que concederle el beneficio de la duda y esperar, de concretarse la reforma constitucional, al contenido de las leyes secundarias. En segundo lugar, no resulta aventurado creer que, como con otras reformas, las presiones hagan estragos en la toma de decisiones en materia hacendaria y no se emprendan medidas agresivas contra la informalidad y la evasión fiscal. Esto tiene el riesgo de acudir a la sempiterna fórmula de cargar la mano al contribuyente cautivo. Sin embargo, también aquí habrá que tener paciencia unos días –hasta el 8 de septiembre para ser exactos—cuando se conocerá la propuesta de Paquete Económico 2014 y así poder analizar con mayor precisión sus detalles. Por lo pronto, las expectativas de crecimiento de México en 2013 van en caída libre.
Los problemas estructurales de México son muchos y no se resuelven en nueve meses. Cierto. La cuestión es no confundir las frases. No es lo mismo “emprender cambios de fondo para no dejarse llevar por la inercia (asumida esta última como perjudicial, claro)”, que “inercialmente pretender emprender cambios de fondo”. Sea como fuere, no deja de ser por demás audaz el compromiso presidencial de cambiar el rumbo del país en 120 días.
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