El próximo 15 de diciembre concluirá el primer periodo ordinario de sesiones del tercer y último año de la LXII Legislatura del Congreso. Aunque los legisladores federales han incorporado en días recientes un asunto de presunta urgencia, como lo es la iniciativa de seguridad y justicia anunciada por el presidente Peña el pasado 27 de noviembre, si se hace un balance general de la actual temporada legislativa, se percibirá una drástica desaceleración de la actividad. Es cierto que los dos primeros años de la Legislatura se caracterizaron por la intensidad de las discusiones de las once reformas estructurales, pero ello no significa que, como declarara el titular del Ejecutivo en agosto, las tareas legislativas hayan llegado a su fin, incluso para el caso de las mismas reformas. No obstante, el Poder Legislativo ha entrado en una etapa donde se percibe una especie de combinación entre el multicitado “ya me cansé” y el cíclico “ya me quiero ir”, es decir, buscar la siguiente encomienda (por llamarla de algún modo) en la vida política de los actuales diputados, presidentes municipales, y demás cargos que, en 2015, concluirán su periodo. Esto ocurre cada tres años dada la lógica de los tiempos políticos en México y, en ese sentido, no es del todo sorprendente. Lo cuestionable es que, en momentos donde el Poder Ejecutivo tiene colocado un “freno de mano” en cuanto al ejercicio de sus funciones, la temporada electoral que aqueja al Congreso no contribuye a que el gobierno salga de su marasmo.
Si algo ha distinguido a los dos primeros años del PRI en su regreso a la Presidencia de la República, ha sido su capacidad de gestionar su agenda en el Legislativo. Y no sólo eso. El Congreso se terminó transformando en una caja de resonancia de la dinámica delineada desde Los Pinos. Cuando la administración Peña contaba con todo el ímpetu para echar adelante sus proyectos de reforma, la destreza de los operadores legislativos priistas se armonizó con el acuerdo de gobernabilidad legislativa concretado en el Pacto por México, y así fueron posibles los cambios legales que habían permanecido estancados por lustros. Sin embargo, en el instante en el cual el gobierno federal cantó victoria de manera prematura, sobrevinieron un conjunto de fatídicas coincidencias que detonaron en el peor de los momentos un problema que, en cualquier caso, le habría estallado en las manos: la omisión de atender de forma decidida el fenómeno de la inseguridad y todas sus causas estructurales (corrupción, impunidad, debilidad institucional). Esto ha provocado la parálisis del Poder Ejecutivo, pero también se ha reflejado en el letargo de su contraparte legislativa. Esto se ha exacerbado por las características propias de la víspera electoral que ya se señalaron.
De vuelta en el Congreso, los pendientes son múltiples y, en algunos casos, ya tienen hasta abolengo. Un ejemplo claro e inquietante de esto son la serie de leyes reglamentarias que todavía no se aprueban para el funcionamiento de la reforma de justicia penal tramitada desde 2008, y cuyo plazo de implementación en todas las entidades federativas vencerá en 18 meses. En el periodo de sesiones que está por concluir, los debates más significativos se dieron en los asuntos del paquete económico, aunque sus resultados fueron prácticamente nulos al dejar casi intacto el esquema tributario y presupuestario aprobado en 2013. Por otra parte, se han ido retrasando o de plano se han ido a la congeladora varios temas como la reglamentación de la reforma de transparencia, varios lineamientos sobre competencia, la transición de la Procuraduría General en Fiscalía General de la República, la legislación anticorrupción, el perfeccionamiento de instrumentos de la reforma político-electoral, un nuevo marco regulatorio para el control del gasto en publicidad gubernamental, entre otros. La cuestión es que hay pocos incentivos para desatorar esas discusiones y, en unas cuantas semanas, este estado de cosas se agudizará con la salida de varios legisladores que pedirán licencia con el propósito de incorporarse a las campañas electorales.
De cara al primer semestre de 2015, probablemente el desarrollo más importante dentro del Poder Legislativo no se refiera a una intensa actividad en la creación y modificación de leyes, sino a la pasarela política. En este tenor, los rumores sobre la posible conformación de una bancada de MORENA en la Cámara de Diputados –la cual, por cierto, no tendrá acceso a prerrogativas económicas (supuestamente) dado que el reglamento de dicho cuerpo legislativo no prevé la formación de grupos parlamentarios una vez arrancada una Legislatura—vislumbran un panorama donde el Congreso servirá más como plataforma de intereses electorales, que como órgano de toma de decisiones. La historia no cambia.
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