Los diputados federales aprobaron por unanimidad la iniciativa de acciones colectivas con la finalidad de que los consumidores puedan unir esfuerzos para reclamar compensación por malos servicios, cobros indebidos, daños al medio ambiente o a la salud, tanto de compañías públicas como privadas. Hasta ahora todos los procesos se tienen que llevar a cabo de forma individual. Sin embargo, lo que vemos aprobado es una versión light donde sólo será posible una demanda de este tipo a través de organismos públicos como la Profeco y la Condusef y no vía ciudadanos organizados por su propia cuenta o a través de asociaciones civiles. El problema es que dichos organismos públicos están rebasados y no tienen la capacidad para llevar a cabo esta labor. Algunos empresarios abogaron mucho porque esta reforma se aprobara así, ante el temor de acabar con un sistema como el estadounidense donde las empresas gastan mucho en demandas –y a veces sufren extorsión. Sin embargo, es importante notar que el sistema legal mexicano es parecido al colombiano, al español y al brasileño, donde las demandas colectivas han funcionado bien. Estos países han demostrado que es posible un equilibrio entre la competitividad de las empresas y el respeto a los derechos de los consumidores. Una vez más se reforma a medias. El tema de los derechos del consumidor seguirá pendiente, a pesar de la ciudadanía.
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