El incremento en el precio de la gasolina con que cerró el 2009 e inició 2010 se ha llevado los reflectores en días recientes. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre la veracidad de los argumentos utilizados en el debate público y de las intenciones de los actores involucrados en la discusión.
En el debate iniciado por la oposición han brillado por su ausencia los argumentos razonables que sustenten las expectativas de escalada de precios (considerando que el incremento en el precio es de 1.3% y no de 44% como ocurrió en 1995 o de 25% entre 1998 y 1999); tampoco se ha reconocido que mantener un subsidio elevado significa favorecer en mayor medida a los deciles más altos de la población. Y es que más que un debate económico, lo que se presencia es una batalla de posicionamientos, en la que PRI y PRD ven de lejos el 2009 y buscan trasladar el costo político –con miras a las elecciones de este año– de lo que ellos mismos aprobaron.
Por ejemplo, las modificaciones al régimen fiscal de PEMEX –que definen los impuestos que se le cobrarán, así como los criterios para la definición del precio de los combustibles– fueron aprobadas por el 91% de los diputados del PRI.
Es así que cualquier llamado a la sensibilidad, amago a legislar o denuncia de incumplimiento de acuerdo no debiera ser visto tampoco como un augurio de conflicto, ni como moneda de cambio rumbo a la discusión y aprobación de otros asuntos estructurales. Es simplemente, una oportunidad para posicionarse.
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