El pasado 27 de enero, el gobierno federal dio un paso controvertido en respuesta al conflicto intracomunitario en el estado de Michoacán. En una ceremonia llevada a cabo en el poblado de Tepalcatepec y encabezada por el comisionado especial para la entidad, Alfredo Castillo, se anunció un esquema de regularización de las autodefensas, por medio de su incorporación, ya sea al Ejército –en forma de Cuerpos de Defensa Rural (CDP)—, o a las policías municipales. En este sentido, llama en especial la atención la figura de los CDP, cuya reglamentación existe desde 1964 en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea (LOEFA). El acuerdo firmado entre la autoridad federal y algunas autodefensas, posibilita que estas milicias –en ocasiones armadas con arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas y cuya procedencia no ha sido del todo aclarada—sean consideradas dentro de la estructura castrense, con sus obligaciones y derechos respectivos, destacando su adscripción al fuero militar. Independientemente de los resultados que deriven de dicha medida, vale la pena analizar las señales emitidas al tomar semejante decisión.
Sean legítimas o no las razones de las autodefensas para levantarse en armas, la determinación del Estado de no sólo regularizarlas, sino de incorporarlas a las fuerzas armadas, es un reconocimiento de facto del fracaso de las autoridades federales, estatales y municipales, quienes perdieron todo viso de control sobre la Tierra Caliente michoacana. Sin embargo, más allá de las simpatías o fobias respecto a las autodefensas, la realidad es que cuentan con una base social amplia –igual que Los Caballeros Templarios, por cierto—, lo cual complejiza en la práctica la aplicación de la ley y genera la peligrosa tentación de un uso de la fuerza proclive a salirse de control. De esta manera, el Ejecutivo federal optó por una decisión pragmática que, en el corto plazo, le evita los altos costos políticos y, muy probablemente, de vidas humanas que habría implicado “obligar” a las autodefensas a desarmarse bajo el argumento de la exclusividad del monopolio de la fuerza por parte del Estado.
Ahora bien, esta amnistía para las autodefensas, justificada con el supuesto de no encontrarse involucradas en actividades del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y/o el contrabando –es decir, actividades comprobadas y hasta reconocidas como suyas por los Templarios—, es de hecho una distinción discrecional entre milicianos “amigos”, dispuestos a cooperar con el Estado, y el resto de las organizaciones armadas. La pregunta es si en verdad la autoridad será capaz de contener a sus nuevos “aliados” una vez derrotado el “enemigo”. El hecho de pactar sin distinciones entre los distintos grupos de autodefensa conlleva altos riesgos. Por ejemplo, no se respondieron los cuestionamientos que ponían en entredicho la legitimidad de algunas de estas agrupaciones, en específico en relación con sus fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de arsenales. ¿Tiene la autoridad plena certeza de que todas las autodefensas regularizadas no tienen vínculos con el crimen organizado? Por otra parte, una vez que se llegue a desmantelar la estructura criminal de los Templarios, ¿qué pasará con los demás cárteles merodeadores del territorio michoacano como el Jalisco Nueva Generación, los Zetas o el de Sinaloa?
Por último, un actor prácticamente ausente del excepcional escenario michoacano ha sido la oposición. Aunque los senadores del PAN han dicho que realizarán su reunión plenaria en Morelia y que, probablemente, harán un recorrido por la zona de conflicto, la oposición no se ha pronunciado de manera crítica ni con la designación del comisionado (cuyo fundamento legal no queda claro) y mucho menos sobre el Pacto de Tepalcatepec. Tal vez por temor a ser juzgados por su actuar anterior como gobierno federal –en el caso de los panistas— y en la administración local –por parte de los perredistas—, o por mera negligencia o pasmo, la oposición ha dado “carta blanca” al gobierno federal en sus políticas para Michoacán.
En suma, sin importar si se tiene “la ley en la mano” o sólo se guarda por unos momentos “en el bolsillo”, la administración Peña ha tomado su decisión. No obstante, ¿seguirá el mismo camino en entidades con problemáticas similares como Guerrero? La caja de Pandora está abierta. Pero el tema de fondo no es un asunto moral: no se trata de una decisión de legitimar a un determinado actor político, sino de restablecer una semblanza de orden y tranquilidad al país. La gran pregunta es si este camino abona en esa dirección o es una mera táctica pensada para atenuar el conflicto súbito y luego regresar al mismo lugar.
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