A unas semanas de que concluyan los comicios electorales de este 2015 hay un desencanto por la forma en la que se han expuesto las prácticas de corrupción de buena parte de los candidatos. Los escándalos de corrupción previo a las elecciones no son exclusivos de México. Pero el desencanto social y la falta de contrapesos institucionales son un foco rojo para la resolución de conflictos por la vía institucional.
Si bien una campaña confrontativa permite al elector contrastar opciones y hasta castigar el mal desempeño, el proceso actual no deja a los electores en una mejor posición. Las prácticas de corrupción de candidatos y partidos políticos, la impunidad, sumado a una regulación electoral que cierra las puertas a la participación ciudadana, muestran que la democracia no ofrece opciones que resuelvan los problemas del electorado. En el marco de corrupción en el que operan los partidos políticos, que el 50% de los ciudadanos en México indiquen no confiar en lo absoluto en las elecciones –como mencionó el Instituto Nacional Electoral (INE) en un estudio reciente –revela un escenario preocupante para la democracia mexicana.
Para la salud de cualquier sistema político se necesita que existan diversas formas a través de las cuales la ciudadanía pueda expresar sus opiniones y canalizar el descontento. La cerrazón del sistema político mexicano por parte de los partidos deja sin espacios a los ciudadanos para intervenir en la vida política nacional limitándolos prácticamente al voto. Si además, la sucesión de reformas electorales que buscaba garantizar procesos electorales limpios y equitativos, sólo ha sobre regulado la contienda, fracasando en evitar que la corrupción los contamine, se agrava la situación. Las acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, compra de voto y enfrentamientos violentos entre los partidos se han convertido en la normalidad. En este contexto, para el ciudadano, distinguir entre las calumnias y los delitos reales de los candidatos se vuelve irrelevante cuando todos ellos quedan impunes. Si las alternativas en la boleta son percibidas por el electorado como igualmente corruptas, y donde herramientas de castigo como la reelección y el voto nulo no son funcionales, el proceso democrático –por más competido que sea– no ofrece opciones de castigo y contrapeso a la ciudadanía generando frustración social.
La gran cantidad de casos de corrupción diluye la gravedad del escándalo de la procedencia de las casas del Presidente y varios de sus funcionarios de alto nivel. En este escenario al PRI, la elección de este año parece le será sencilla, ya que no se vislumbra que pierda muchas posiciones políticas pese al mal desempeño de la administración. De manera similar, la mayoría de los partidos de oposición podrían retener varios de los puestos en disputa sin necesidad de demostrar que no son corruptos ni efectividad en el ejercicio del gobierno. El que las elecciones no permitan castigar la corrupción genera un mayor descontento que se puede manifestar fuera de cauces institucionales.
Cuando las cosas van bien, el elector es capaz de perdonar más fácilmente los actos de corrupción con tal de que el gobierno haga su trabajo eficientemente. Sin embargo, cuando el bajo crecimiento económico y la inseguridad se suman a la ecuación, la corrupción impune de los políticos deja el terreno propicio para incendiarse ante cualquier chispa.
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