Estados y municipios reclaman la disminución en los recursos disponibles y exigen al gobierno que se les aumenten las participaciones federales. El escenario para el Gobierno Federal se agrava con la configuración política de los gobiernos estatales y el Congreso, donde los números claramente no le favorecen. En el Congreso, el interés de los gobernadores priístas –mantener el flujo de recursos a sus arcas– cuenta con la representación suficiente para hacer valer su fuerza. Además, la situación pone al PRD en el mismo equipo que el PRI, y juntos tendrán todos los incentivos para promover austeridad en el Gobierno Federal y abundancia en los locales. La amenaza de suspensión de los servicios públicos e incluso de estallidos sociales, son cartas que ya están siendo jugadas por los actores de ambos partidos como mecanismos de presión al gobierno. Y para hacer la amenaza más creíble, el senador Navarrete manda la señal de activar las movilizaciones –y con ello a López Obrador– para manifestar la inconformidad de la población. Ante la eventual presión en todos los frentes, los legisladores podrían lograr el cometido, mantener el flujo de recursos a los estados a costa de un endeudamiento que terminaría pagando la próxima administración.
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