La compañía OHL, importante constructora y operadora de autopistas en el centro de México, enfrenta actualmente una importante polémica respecto a su presunta participación en actos de corrupción. La evidencia se sustenta en una serie de conversaciones telefónicas, obtenidas ilícitamente, en las que se sugiere también la confabulación con el gobierno del Estado de México. En dichos audios, se sugiere que la construcción del Viaducto Bicentenario contó con una contabilidad a modo, lo cual permitió márgenes de utilidad mayores a los proyectados originalmente para OHL, con el conocimiento del gobierno de dicho estado. OHL expresó que esto es un montaje con fines de desprestigiar a la compañía, por lo que se encuentra preparando ya su propia defensa legal, debido al carácter ilícito de estas filtraciones.
Por otro lado, dichos audios han reforzado la sospecha sobre los beneficios especiales que se conceden a un grupo selecto de empresarios, en el sector de infraestructura en México. Esto incrementa la percepción de la población sobre el clima de impunidad y corrupción, motivada también por polémicas como la del posible contubernio entre grupo HIGA y funcionarios importantes del sector público. Entonces: ¿qué problemática se deriva de un escenario en donde este tipo de acuerdos es posible?
Algunas de las empresas del sector de la construcción no pueden pagar el costo que implican los arreglos discrecionales. Independientemente del caso de OHL, el hecho de que las licitaciones para la construcción en México no beneficien a los jugadores más eficientes, es uno de los talones de Aquiles del desarrollo económico del país. El sector infraestructura influye directamente en el funcionamiento del resto de la economía, desde la construcción de vías de comunicación, hasta la edificación de centros educativos u hospitales. Privilegiar a empresas ineficientes mediante arreglos discrecionales reduce los incentivos a la productividad y a la eficiencia en costos. Además de que perpetúa la concentración de la renta económica en un grupo selecto de actores, limita la competencia y el crecimiento del mercado interno.
Por otro lado, los consumidores son los que pagan el sobrecosto mediante las altas tarifas de peaje, resultado de los elevados costos de construcción y operación. Al final, inclusive la población que no utiliza las carreteras también paga los costos de esta ineficiencia, ya que es mediante sus impuestos que se financian estas obras de infraestructura.
De ser demostrada la evidencia de colusión entre el gobierno del Estado de México y la empresa OHL, se tendrían que aplicar las consecuencias legales a las partes implicadas en este acto. No obstante, las experiencias respecto a los previos escándalos de corrupción en México sugieren que actos como este suelen permanecer impunes, siendo remplazados por nuevos escándalos mediáticos, de igual o mayor magnitud. Lo cual aumenta de manera importante el descontento de la población y contribuye a mantener la cada vez menor y para algunos casi nula credibilidad de la población en el sector público.
En prospectiva, y a pesar de la narrativa del gobierno respecto a la nueva política anti corrupción y de transparencia, es claro que el escenario de corrupción que impera en el país es aún muy redituable para los entes que participan en él, por lo que más allá de cambios legislativos, se requiere de voluntad política para eliminar la impunidad y sancionar estas conductas de acuerdo a la legislación ya existente.
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