El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática. Poco menos de 1.9 millones de afiliados perredistas votaron para elegir cerca de 31 mil cargos entre congresistas nacionales (1,200), consejeros municipales (25,770), estatales (3,450) y nacionales (320); éstos últimos serán los encargados de determinar, el próximo 5 de octubre, quiénes serán los próximos presidente y secretario general del partido. A pesar de las típicas denuncias por irregularidades a lo largo de todo el país –incluido el Distrito Federal, el gran bastión del PRD—, los comicios no presentaron demasiadas sorpresas en cuanto a su resultado. De acuerdo con las cifras preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano al que se le encomendó la organización de la elección (aunque, por cierto, no el arbitraje de la misma), la corriente Nueva Izquierda (NI) se perfila como la ganadora y, por lo consiguiente, Carlos Navarrete estaría por encabezar la nueva dirigencia del PRD en algunas semanas. Si bien la llegada de Navarrete dará continuidad al liderazgo del grupo coloquialmente denominado “Los Chuchos”, cuyo logro fundamental ha sido reducir el radicalismo con el que se suele identificar no sólo al perredismo, sino a la izquierda en general, el “sol azteca” encarará importantes retos en los siguientes meses. En este sentido, tal vez los dos principales desafíos del PRD sean la redefinición de su identidad al seno de la oposición y la construcción de una oferta política atractiva al electorado.
La situación actual del PRD está influida por dos hechos básicos: uno, su adhesión al Pacto por México y su participación en el proceso de las reformas impulsadas por el gobierno federal; otro, la aparición de MORENA como partido político y la amenaza de una futura desbandada de perredistas a las filas del movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador. Como resultados del primer tema, el partido del sol azteca ha recibido un acceso importante a recursos, a cuenta de lo que sus actuales dirigentes llaman “cercanía institucional” con el gobierno federal –sus detractores prefieren denominarlo “colaboracionismo”—, y con ello ser parte de la retórica de los acuerdos. Cabe recordar que, en 2013, el PRD fue clave en la aprobación de la miscelánea fiscal. Respecto al segundo hecho, el eventual éxodo de perredistas y representantes de otros partidos de izquierda rumbo a MORENA tendrá dos consecuencias. Por un lado, la renuencia de AMLO a aliarse con el PRD de cara a los comicios de 2015 (una unión que, en su caso, solo podría ser de facto, debido a la restricción que por ley tienen los partidos de reciente registro a coaligarse) dibuja una confrontación que dividirá el voto de las izquierdas de manera sustancial, por primera ocasión desde la conformación del Frente Democrático Nacional de 1988. Por otro lado, la salida de los remanentes más radicales del partido pudiera favorecer las condiciones para consolidar un periodo de unidad interna, estabilidad y menos obstáculos para la toma de decisiones. Sin embargo, también queda la posibilidad de que algunos opositores a “Los Chuchos” permanezcan en el partido con miras a eventualmente recuperar posiciones y lograr un reacercamiento con AMLO.
En cuanto al asunto de reconstruir su agenda, el PRD continúa apostando al discurso de echar abajo la reforma energética por medio de la poco probable consulta popular, cuyo destino estará en el pleno de la Suprema Corte de Justicia en unos cuantos días. Si la Corte determina la improcedencia de la consulta (como parece probable), habrá que esperar si el perredismo volverá a la postura de descalificar a las instituciones o acatará el fallo y transitará a otras trincheras políticas. De hecho, el sol azteca ya ha abierto otro frente sui generis al arropar la propuesta de un aumento al salario mínimo impulsada por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Paradójicamente, si la consulta popular propuesta por el PAN acerca del salario mínimo prospera, el PRD podría verse favorecido por la apertura del debate sobre el particular. Por último, la agenda legislativa también plantea espacios de oportunidad a los perredistas con temas como la reforma política del D.F., la reglamentación de la reforma en transparencia, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, y hasta procesos prospectivos como las reformas de seguridad social y al sistema agropecuario.
Lo que viene para el PRD será complicado. Primero, aunque el partido libró la prueba de la elección, las negociaciones entre los grupos representados en el nuevo consejo nacional serán igualmente importantes. Nada impide que se logre el resultado anticipado de que Carlos Navarrete emerja como presidente, pero habrá que ver tanto la forma de su encumbramiento como los arreglos que ello requiera. En segundo lugar, queda la interrogante, igualmente válida para el PAN, de si habrá costos por la participación activa de estos partidos de oposición en el Pacto por México. El asunto es especialmente relevante para el PRD porque López Obrador denunció dicha participación como “colaboracionismo”. El devenir económico del país (sobre todo lo que se derive de las reformas recientemente aprobadas, tendrá un impacto más allá de los números agregados.
Finalmente, dejando un poco de lado los juicios que, por un lado, vitorean la institucionalidad del partido en su proceso interno y, por otro lado, denuestan al actual liderazgo perredista por presuntas prácticas corruptas, el PRD está por iniciar una nueva etapa. Si se confirman las tendencias, Carlos Navarrete tendrá el reto de mover al perredismo hacia el centro, sin morir en el intento. En caso de fracasar, el riesgo de un empoderamiento de la izquierda radical se acrecentará, lo cual de ningún modo abonará a la madurez democrática del país.
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