A poco menos de 60 días para las elecciones, la brecha entre Enrique Peña Nieto y sus contrincantes no ha logrado cerrarse en la mayoría de las encuestas. El escenario de una elección de tercios no se debe descartar, aunque ciertamente parece el más lejano. De hecho, la experiencia nacional e internacional es que los comicios suelen tender a polarizarse hacia el final y convertirse en elección de dos, muchas veces enmarcadas por la disyuntiva entre elegir u oponerse al puntero. Lo cierto es que la delantera de Peña nos invita no sólo a revisar sus propuestas, sino incluso a intuir, con base en ellas, cómo sería una eventual gestión presidencial del priísta. Por ejemplo, durante la última semana, Peña Nieto ha propuesto la eliminación de cien curules plurinominales en la Cámara de Diputados y la reducción de la cláusula de gobernabilidad de 42.8% (número que incluso lograría el PRI en esta elección) a 32%. Toda vez que los plurinominales sirven para garantizar la representación de los intereses de las minorías, la propuesta parece debilitar uno de los pilares sobre los que se erigió el sistema representativo en México. Si bien la propuesta peñista no aplicaría hasta 2015, el riesgo de un nuevo control avasallador en San Lázaro al estilo del régimen autoritario está latente. Ante este panorama, la pregunta que se ha sembrado en la opinión pública es, ¿qué sucedería en caso de que las preferencias electorales se mantuvieran y el PRI regresara fortalecido al poder?
De acuerdo con las encuestas levantadas por Mitofsky la semana pasada, el PRI y PVEM juntos terminarían con un congreso dominado completamente con una mayoría absoluta en ambas Cámaras. Según esta casa encuestadora, hay 50.4% de preferencias electorales por el PRI, mientras que el PVEM tiene 2.4% de los votos. Juntos, PRI y PVEM podrían obtener entre 266 y 303 diputaciones. A pesar de que los contrapesos institucionales evitan la creación de mayorías absolutas por parte de un solo partido en el Congreso, la configuración de la coalición PRI-PVEM podría, de facto, anular la efectividad de la norma. De materializarse este escenario, a esto tendríamos que sumar una eventual bancada de más de 60 senadores a partir de septiembre, y el control de más de dos tercios de los congresos estatales. Esto significaría libertad de crear, derogar o modificar leyes e, incluso, la Constitución de manera unilateral. Es decir, el retorno hacia un sistema político carente de contrapesos. En el fondo, el único elemento que podría compensar por esta diferencia de poder es una democracia que, después de doce años de alternancia, haya logrado gestar partidos políticos maduros y comprometidos con la pluralidad y la equidad. Lamentablemente este no parece ser el caso.
Entonces, ¿qué implicaría un PRI de “carro completo” para la democracia mexicana? En relación a la reforma del Estado, se debilitaría la proporcionalidad dentro del Congreso de la Unión. Como es lógico, la campaña de Peña Nieto adjudica a este principio la parálisis legislativa. Tal vez sea cierto. Sin embargo, cabría recordar que este sistema de representación ha sido fundamental en la construcción del actual sistema de partidos y en la transición democrática en general. Las normas de proporcionalidad cumplen dos objetivos: proveen acceso a partidos minoritarios y compensan las debilidades estructurales de partidos en crecimiento, como lo hizo de hecho con el PAN y el PRD. De igual manera, la incorporación de múltiples actores induce a la discusión y negociación de la agenda legislativa. Los límites promueven la moderación y evitan la imposición de cambios radicales en las políticas públicas, lo cual ha traído consigo resultados positivos para el país. Más aún, son naturales a toda democracia. En cambio, el escenario que propone el PRI podría facilitar el regreso a un esquema de partido-gobierno, disponible para cualquier político que llegue al poder en el futuro.
A pesar de las expectativas de un “carro completo” priísta emanado de las elecciones de julio, existen ciertos elementos que podrían impedir una restructuración del sistema político mexicano a la vieja usanza. Por ejemplo, los gobernadores son las nuevas figuras dominantes en el panorama nacional, debido principalmente a los avances en el federalismo fiscal y demás potestades en el uso de recursos. De esta manera, los mandatarios estatales, aun perteneciendo la mayoría al PRI, no tienen incentivos para permitir el regreso de un sistema vertical de partido. No obstante, siempre se pueden generar nuevos incentivos para cambiar las dinámicas de gobierno de manera positiva o negativa. El diseño de un nuevo sistema de distribución de poder y prebendas que coaligue a los gobernadores de manera que rindan parte de su poder a un partido central está muy lejos de ser imposible y, frente a este escenario de dominio político nacional, podríamos estar a un pacto de distancia de un retroceso democrático sustantivo. Al final de cuentas, mientras estas preguntas y especulaciones se tengan que hacer, se evidencia que el país sigue dependiendo de personas y no de la fortaleza de sus instituciones.
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