El PRI y su interpretación de la forma de hacer “justicia”.

Derechos Humanos

Tres eventos que han involucrado a políticos del Partido Revolucionario Institucional han atraído la atención mediática en los últimos días. Primero, el resurgimiento de las acusaciones contra el hoy ex líder del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por el presunto manejo de una red de trata de personas. Después, la detención y arraigo del (hoy también) ex secretario general de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García, a quien se le investiga por supuestos vínculos con el crimen organizado. Por último, hace un par de semanas, la senadora Arely Gómez renunció a presidir la comisión especial legislativa para “dar seguimiento” al caso Oceanografía, argumentando que podría incurrirse en malentendidos dado que un pariente suyo –en cuarto grado y por afinidad—sería parte del escándalo de la ex empresa contratista de PEMEX. Ahora bien, los tres hechos tienen una cosa primordial en común: tanto desde el gobierno federal, como entre los más destacados políticos priistas, se levanta un reclamo por la aplicación expedita y contundente de la ley; si hay que castigar a alguien, que así sea, sea del partido que sea, sea familiar de quien sea.
Pareciera que los priistas en el gobierno se diferencian de sus antecesores panistas por no encubrir, solapar y mucho menos defender a quien cometa algún delito o esté envuelto en casos de corrupción y, por el contrario, apoyan por encima de todo la búsqueda de la justicia. Sin embargo, en realidad se está en presencia de una modalidad más sofisticada del uso discrecional de la procuración de justicia. La figura de “chivos expiatorios” que tan recurrente ha sido a lo largo de la historia de los gobiernos priistas, sigue presente en el “nuevo PRI” al verse funcionarios públicos detenidos y juzgados de manera individual, pero no exigiendo o llevándose a cabo acciones reales para seguir la pista y castigar a todos los involucrados o, incluso, deshacer las estructuras delictivas que éstos manejan. Este proceder no sólo “apaga fuegos” mediáticos (sin ir más a fondo de la cuenta, por supuesto), sino también se erige como una eficaz estrategia de control político, y hasta de disciplina partidista. No es tampoco que vaya a ejercerse tolerancia cero ante el ilícito, sino más bien se está castigando la impericia política o los costos asociados. Para un gobierno que pretende cuidar y enaltecer su imagen, la pérdida de control en casos como el michoacano, o el del PRI capitalino, no pueden ser tolerados.
Asimismo, de cara a escándalos como los de Reyna y Gutiérrez de la Torre, ¿por qué la oposición aparece impávida e indiferente? ¿No sería una excelente coyuntura a fin de atacar políticamente al PRI? Podría suponerse que tanto PAN como PRD están rebasados por su ajetreada agenda o por sus problemas internos, lo cual limita su capacidad de reacción frente a los tropiezos priistas. Sin embargo, es aquí donde entran casos como Oceanografía, la línea 12 del Metro capitalino, los “moches” a presidentes municipales desde San Lázaro, entre otros. La “espada de Damocles” de “la justicia” pende encima de las cabezas de muchos políticos de todos los partidos (incluido el PRI).
En suma, históricamente, para el PRI siempre ha sido imperdonable y, por tanto, digno de castigarse, el hecho de manejar mal el ejercicio del poder en el sentido de generar escándalo, ser desleal o incurrir en contradicciones con los jefes políticos, no tanto el violar la ley en sí mismo. En los asuntos mencionados que aún están en curso –y que, por cierto, no todos están bajo jurisdicción judicial federal, como es el de la investigación contra Gutiérrez de la Torre, en cuyo caso lo relevante es el aparente abandono que ha sufrido por parte de su partido—, habrá que ver si las instancias correspondientes aplican la célebre máxima juarista sobre aplicarle justicia y gracia a los amigos, pero la ley a secas a los enemigos.

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