La discusión secundaria en materia energética ha comenzado su proceso final con la presentación del cuarto y último paquete de legislación energética, relacionada a los órganos reguladores del sector. La iniciativa de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tienen como objetivo fortalecer a los órganos reguladores dándoles autonomía sin perder la coordinación con las autoridades del país. No obstante, la consecución de los fines que indican los redactores de estas iniciativas puede no ser asequible porque el contenido de estas leyes está encaminado más a generar la mayor cantidad de recursos posibles para el erario público que a propiciar las condiciones de competencia efectiva en el sector a través de una regulación eficiente.
El ordenamiento legal propuesto le da algunas nuevas atribuciones a los órganos reguladores del sector, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE), otorgándoles personalidad jurídica propia, es decir, autonomía frente a la Secretaría de Energía (Sener). Sin embargo, aún están vinculados al Ejecutivo Federal a través del Consejo Coordinador del Sector Energético y, dado que este consejo será presidido por el Secretario de Energía –y contará con varios funcionarios del Gobierno Federal–, en la práctica se pone en entredicho la autonomía de los órganos reguladores al tener que orientar sus decisiones hacia la política energética del Ejecutivo Federal en turno. Una regulación que se perciba muy cercana al gobierno puede reducir el atractivo para los inversionistas (cuyo criterio medular reside menos en las reglas mismas que en la fortaleza del regulador frente al gobierno), si el gobierno tiene empresas propias que pueden beneficiarse de esto. La manera como el gobierno se ha definido como el propietario de Petróleos Mexicano (Pemex) en la Ley de Pemex, a la par de su omnipresencia en buena parte de los procesos del sector –diseño de contratos de explotación de hidrocarburos por Sener, utilización de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para el presupuesto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– manda una señal equivocada al resto de los competidores. Adicionalmente, las nominaciones de los comisionados de los órganos reguladores en el país –hechas por el Presidente y posteriormente avaladas por el Congreso- obedece muchas veces a criterios políticos poniendo en duda la autonomía de estos órganos.
El proyecto de dictamen de leyes reguladoras va en el mismo sentido que el resto de la legislación secundaria: se buscó generar competencia en el sector pero la resolución de los temas más escabrosos quedó ausente. Por un lado, se abrió la explotación del petróleo a todas las empresas, pero no se tocó el tema del pasivo laboral de Pemex en un entorno de producción decreciente. Por otro lado, se pusieron las bases para un mercado eléctrico competitivo, pero se prohibió el acceso a los consumidores pequeños por temor al costo político de tener que eliminar el cuantioso subsidio. Ante contradicciones de este estilo, queda la interrogante sobre qué fines persigue el Gobierno Federal con la Reforma Energética. No es lo mismo el tipo de regulación que se redacta cuando se busca un mayor crecimiento económico a partir de un sector más competitivo que la que busca mayor control o presupuesto para el gobierno. Todavía más al punto, no es evidente que el gobierno federal tenga una visión del desarrollo de la industria energética –igual petróleo y gas que electricidad-, lo que lo ha convertido en un actor por demás vulnerable en el proceso legislativo.
La regulación propuesta se queda corta en liberar a los órganos reguladores de la injerencia del Ejecutivo Federal complicando así que se alcancen los beneficios prometidos. Tan sólo como muestra, los procesos de reforma aperturista del sector energético en el mundo –y particularmente en Latinoamérica –han evidenciado que los países donde se liberalizó (o privatizó) la industria eléctrica sin un marco regulatorio de calidad no han podido reducir los precios de la electricidad en términos reales o abatir las pérdidas de energía con facilidad. Independientemente de lo que el gobierno diga, si la regulación es consistente con sus objetivos, y estos objetivos no buscan el crecimiento económico, es previsible que la reforma se vaya a quedar corta. Lo más impactante de todo esto es la aparente ignorancia del gobierno sobre estos factores.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
