El 19 de agosto pasado, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó en sesión nocturna los dictámenes de las leyes secundarias que reglamentan la reforma educativa promulgada desde el 25 de febrero de este año. La Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) –cuya discusión se realizaría durante el periodo extraordinario de sesiones, pero acabó siendo pospuesta ante las presiones de la disidencia magisterial—, además de la Ley General de Educación y la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), serán elementos claves en el establecimiento de una nueva plataforma normativa del trabajo docente. En este sentido, la LSPD tiene como propósito regresar la rectoría al Estado en materia de selección, permanencia y estímulos para los profesores y, consecuentemente, debilitar la injerencia del SNTE y la CNTE en la educación pública.
Las leyes reglamentarias de la reforma educativa contemplan mecanismos positivos, pues harían de la docencia una profesión regulada por parámetros de desempeño y capacitación, y no determinada vía los caprichos condicionados por rígidas redes sindicales y burocráticas. Ahora bien, aunque la LSPD es un paso en la dirección correcta, ésta presenta debilidades que son importantes resaltar. En primer lugar, ¿cómo funcionaría ese “limbo” en el cual caerían aquellos profesores quienes, tras reprobar sus evaluaciones tres veces (sí, hasta tres veces) seguidas, serían quitados de la docencia y reasignados a “otra actividad dentro del servicio”? A la luz de las recientes pruebas magisteriales –sólo 3 de cada 10 evaluados obtuvieron una calificación aprobatoria dentro del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2013—, probablemente tendríamos a 70% de los maestros ocupando un cargo administrativo irrelevante e ineficiente. En segundo lugar, la ley sugiere que para mejorar la práctica profesional de los educadores es suficiente con evaluarlos. Es decir, equipara la evaluación con la profesionalización cuando, en realidad, la profesionalización abarca más aspectos. Un servicio profesional implica ofrecer capacitación constante que responda a las nuevas tendencias y pueda contribuir a mejorar la calidad educativa.
El eventual golpe a las costumbres más rancias del magisterio ha ocasionado el estallido de manifestaciones (algunas violentas) por parte de quienes se niegan a ser evaluados por temor a perder sus plazas. Esto era previsible. No obstante, si los legisladores claudican ante estos reclamos y “congelan” la LSPD, la trascendencia de la reforma educativa se diluiría de forma sustancial. Aunado a esto, si la disidencia se sale con la suya, se convertirían en un factor de demostración para los opositores de las reformas energética y hacendaria, convirtiendo a la protesta violenta y a “la calle” en caminos eficacísimos para tumbar los proyectos del gobierno.
Por último, tampoco queda tan claro si las nuevas herramientas emanadas de la reforma educativa estarán dotadas de aspectos indispensables para el éxito de su implementación. De entrada, según Sylvia Schmelkes, directora del INEE, su institución precisaría de un aumento presupuestal de 25% para 2014 a fin de poder contratar a los 5,000 evaluadores requeridos en el proceso dictado por ley. Por otro lado, se debe asegurar que los mecanismos de evaluación se hagan con la mayor transparencia posible y evitar el mercado negro de exámenes como ocurre hoy. Ahora bien, si en verdad se pretende conseguir una mejoría en el sistema educativo, no sólo será importante vigilar la autonomía y eficiencia de las evaluaciones, sino aprovechar esta oportunidad para abocar la profesionalización del magisterio hacia criterios basados en el desarrollo de capacidades acordes a la realidad contemporánea. La cuestión no es acumular cifras de aprobación de maestros y alumnos. El objetivo debe centrarse en preparar individuos mejor dotados para encarar el mundo complejo que les ha tocado vivir.
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