En los últimos días, en el Senado de la República, las bancadas del PRI y el PVEM reactivaron una iniciativa –promovida en 2006 y aprobada en la Cámara de Diputados en 2007—, que sustraería del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal (SPC) las posiciones a nivel de director general, así como a sus adjuntos y homólogos. Estos puestos tienen potestades presupuestarias y administrativas que pueden ser clave dentro de una dependencia. Los priistas y los verdes justificaron esta propuesta en dos sentidos: en primer lugar, se argumenta que la administración entrante requiere personal de su confianza para el desempeño de las funciones técnicas y administrativas propias de aquellas plazas; en segundo lugar, se dice que la administración anterior abusó de las consideraciones del artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera que otorga una excepción temporal al concurso abierto por causa de fuerza mayor, o por ocupación necesaria para puestos de áreas sustantivas o estratégicas, sin sujetarse al concurso establecido en la normatividad (aunque esta excepción tiene una vigencia máxima de diez meses).
Como muchos rubros dentro de la administración pública en México, el SPC presenta pendientes que podrían mejorar su implementación. Por ejemplo, el informe de la Cuenta Pública 2010 indica que 7 años después del inicio de la implementación del SPC, la Secretaría de la Función Pública no había expedido normas específicas para regular el Subsistema de Control y Evaluación, uno de los principales pilares de este esquema de profesionalización. Por otro lado, como menciona la misma exposición de motivos del PRI, el tema se ha vinculado también a denuncias de distribución de información privilegiada para acreditación de conocimiento en los procesos de reclutamiento del SPC.
Es claro que el esquema de profesionalización de la burocracia federal requiere de una reforma que corrija las fallas que aún tiene y, al mismo tiempo, que sea más transparente. Sin embargo, la propuesta del PRI tiene como respuesta no una corrección a estos verdaderos problemas del sistema, sino una contracción de su cobertura para servir a los criterios de la administración en turno. En otras palabras, la iniciativa descongelada no pretende mejorar el Servicio, sino abrir espacios para funcionar con colaboradores de confianza para la nueva administración, factor que derrota el espíritu de la creación de un servicio profesional de carrera. De esta manera, estas posiciones no estarán sujetas a criterios técnicos de selección de personal, sino al criterio arbitrario de cualquiera que ocupe el gobierno. Resulta evidente que la ley respectiva no surgió de un consenso entre las fuerzas políticas y ahora se pagan las consecuencias.
Más allá de la discusión presente, esta iniciativa en los albores del regreso de un gobierno del PRI a Los Pinos, tiene una importancia simbólica mayúscula. En el pasado, una de las características de los gobiernos de aquel partido era exactamente la tradición del “quítense todos que llegan los nuevos”; es decir, que cuando gana un candidato gana su equipo y se gana todo, posiciones en el gobierno incluidas. Esta es una de las connotaciones negativas que carga el “viejo” PRI en sus espaldas. El “nuevo” PRI debe repensar, junto con la ciudadanía, si el regreso de estas prácticas no es más problemático que su abandono. El presidente electo ha llegado bajo la marca de un hombre que cumple compromisos. En los próximos días veremos qué clase de compromisos son los que pretende honrar, sobre todo en lo referente a la distribución y asignación de cargos. En estos menesteres, siempre hay una mezcla entre hacerlo con criterios de eficiencia operativa, por un lado, y de carga política, por el otro. La diferencia la hace la proporción en la cual se mezclan dichos elementos de la fórmula.
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