El pasado 8 de agosto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que iniciará un proceso de reordenamiento de la banda de 2.5 Ghz. Según el titular del ramo, Dionisio Pérez Jácome, esta decisión tiene dos consecuencias principales: la negación de la prórroga de las concesiones vencidas en dicha banda y el emprendimiento de un proceso de rescate de las 68 concesiones que aún están vigentes y en tenencia de 11 operadores, destacando entre ellos, MVS Comunicaciones con 42 de esas concesiones. Este grupo encabezado por Joaquín Vargas ha anunciado que llevará a cabo un proceso legal para impedir la recisión de la concesión. Es pertinente aclarar que la medida de la SCT no afecta las frecuencias que utilizan MVS Radio y Dish –los dos principales negocios de MVS—ya que sus señales se transmiten en otra banda. Sin embargo, mucho se ha especulado en los últimos días acerca de las razones por las que la SCT emprendió esta medida y la validez de las mismas.
De acuerdo a la legislación vigente, la decisión de la SCT es legal ya que el refrendo de la concesión nunca se autorizó. La defensa de MVS se sustenta en criticar el proceso por medio del cual se negoció ese refrendo de manera infructuosa. Cuando se otorgó por vez primera la concesión de la banda de 2.5 GHz, sólo se contemplaba su utilización para transmisión de radio y televisión. Con la acelerada transición tecnológica, dicha porción del espectro representa una enorme ventana de oportunidad para la prestación de servicios vinculados con redes informáticas de cuarta generación. De acuerdo con la SCT, los concesionarios nunca presentaron un proyecto de inversión aceptable con el propósito de actualizar y optimizar el uso de dicha banda. Por su parte, MVS ha declarado que, si bien el grupo emprendió medidas para invertir y utilizar la banda de acuerdo a sus posibilidades tecnológicas, la negación del refrendo (recordar que sólo se dieron prórrogas con caducidad) generó una incertidumbre jurídica que inhibió una mayor inversión. No obstante, declaran haber presentado a la SCT el proyecto “Banda ancha móvil para todos” el cual, de acuerdo al concesionario, buscaba ofrecer servicios de cuarta generación a un menor costo. En opinión de SCT, las ofertas de MVS no fueron acordes a los “principios de política pública que [el gobierno federal ha] venido aplicando, [ni] a las mejores prácticas internacionales”. Ahora bien, a pesar de la validez jurídica de los argumentos de la autoridad, la falta de transparencia en las negociaciones ha dado pie a suspicacias en relación a que pudieran existir razones políticas para emprender dicho rescate –lo cual, suele sucederle a los gobiernos con cierta frecuencia. Es cierto que muchos países han emprendido medidas parecidas derivadas de la transición tecnológica. Sin embargo, el momento político en el que se lleva a cabo el rescate de la banda de 2.5 GHz en México –justo en la transición entre las elecciones federales y la llegada del nuevo gobierno—genera cuestionamientos acerca de las potenciales motivaciones inconfesas de dicha acción.
Indudablemente, este caso terminará en tribunales, por lo que su resolución podría demorarse muchos meses -durante los cuáles la banda en litigio no podrá ser utilizada. En caso de que se resuelva como válido el rescate, tocará a la administración entrante licitar dicha banda. En este sentido, debe tomarse en cuenta que apenas unos pocos actores podrían competir en tal proceso. Las restricciones a la inversión extranjera en el sector y los topes de posesión de espectro al que están sujetas las empresas participantes en el ramo –el que ya habría alcanzado TELMEX si fuese un potencial competidor— reducen el número de candidatos elegibles. Entre estos pocos competidores resaltan tanto MVS –que no tendrá restricciones para participar, pero que tendría que postular propuestas distintas a las ya rechazadas con anterioridad—, como la fusión Televisa-Iusacell –lo cual, como era de esperarse, da paso a toda una gama de especulaciones. Por lo pronto, en el aire queda la discusión de cómo propiciar la inversión para introducir competencia al sector en beneficio del consumidor y reducir la brecha que México enfrenta en este respecto.
El corolario inevitable que genera este asunto es que tanto la legislación en materia de concesiones de espectro radial como la administración del mismo van muy atrás del cambio tecnológico que se está dando en este sector, además de que mecanismo de concesión en sí mismo genera oportunidades de corrupción y, por lo tanto, una permanente incertidumbre entre los concesionarios. La suma de estos factores explica la simbiosis y animadversión permanente –dos caras de una misma moneda- entre concesionarios y autoridades, con la consecuente politización del sector.
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