El pasado 25 de julio, las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y Energía de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen que modifica partes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, con el fin de establecer un régimen especial presupuestario y de deuda para las futuras empresas productivas del Estado (PEMEX y CFE). Uno de los puntos de mayor controversia incorporado en dicho documento fue la redacción de un par de artículos transitorios donde se establece la posibilidad de que el gobierno opte por solventar los pasivos laborales de ambas empresas, convirtiendo un determinado porcentaje de los mismos en deuda pública. Ante el repetitivo argumento de que a PEMEX le urge quitarse ese lastre para poder competir, surgen nuevas interrogantes. Sabedores de que no hay alternativas para escapar de estas obligaciones, ¿qué implicaciones tendrá la absorción de tales pasivos por parte de las cuentas públicas y, por ende, del dinero de los contribuyentes?
Según el balance general de PEMEX al 31 de junio de 2014, el pasivo laboral se estimaba en 1.15 billones de pesos o 7 por ciento del PIB. Por si fuera poco, se calcula que en los próximos veinte años se jubilarán 20,000 trabajadores actualmente sindicalizados y, por ende, receptores de una jugosa serie de prestaciones por retiro. En el pasado, PEMEX ya sufrió las consecuencias de arrastrar esta deuda. Cabe recordar cómo, en 2008, la paraestatal fracasó en su búsqueda de financiamiento en los mercados internacionales, quienes le condicionaron su acceso a recursos a una reestructura profunda de su deuda, y al replanteamiento de sus contratos colectivos laborales. En la actualidad, y dada la inminente apertura del sector petrolero, es imperativo reestructurar, sobre todo a fin de facilitar que los nuevos ingresos petroleros sirvan, después de saldar costos, para reinvertir en planes estratégicos de mayor aliento. Para lograr esto, los cambios fundamentales incluyen la modificación del contrato colectivo de trabajo y la implementación de mecanismos preventivos de corrupción. Asimismo, lo óptimo sería evaluar con mucho detalle la estructura del pasivo a fin de determinar cuál sería el porcentaje de deuda óptimo del que PEMEX podría responsabilizarse considerando sus flujos de efectivo futuros y sus planes de inversión. Sería importante también que se revisaran las consideraciones legales respecto a la constitucionalidad del movimiento contable. Según el artículo 73 constitucional, la deuda pública sólo puede autorizarse para la ejecución de obras que directamente produzcan incremento en los ingresos públicos (con excepción de empréstitos para regulación monetaria, conversión y alguna emergencia nacional). Más allá de la decisión legislativa de estos días, es imperativo revisar la relación contractual de PEMEX con su sindicato a fin de que no vuelva a presentarse una acumulación de pasivos como la hoy existente.
Adicionalmente, más allá de movimientos contables y objetivos de corto plazo, es vital considerar los incentivos que se establecerán una vez que se separe la contabilidad de PEMEX y se determine la forma de registrar las reservas petroleras. En el caso extremo, si el pasivo fuera retirado en su totalidad y las reservas se registraran como activos de la empresa, el estado financiero de PEMEX estaría supravalorado, lo que disminuiría de forma radical los incentivos para elevar su productividad o para implementar medidas de eficiencia. Para nadie es un secreto que el crecimiento desproporcionado del pasivo laboral de PEMEX ha estado vinculado con contratos colectivos diseñados para manipular cúpulas sindicales con fines clientelares y de corrupción. La solución más cabal de este gran problema sería acompañarlo de investigaciones conducentes para determinar responsabilidades administrativas de aquellos que despilfarraron en prebendas las arcas de la empresa más importante de México. Sin embargo, en términos pragmáticos, reestructurar la deuda es la necesidad apremiante. Retirar la carga de pensiones a PEMEX sólo tendrá lógica en dos escenarios: o se le prohíbe a la empresa registrar en sus libros las reservas (activos) para reflejar en su balance un estado de salud real que motive y sustente una correcta planeación estratégica; o se evalúa un porcentaje razonable de deuda que le permita operar, reinvertir y responder a sus obligaciones contraídas en el pasado. El gran peligro será lo contrario: permitir que PEMEX registre todas sus reservas (mostrándose inmensamente rica) sin responsabilidad alguna; la puerta abierta (aún más) a la corrupción. En otras palabras, hay mucho mar de fondo en la decisión que se tome en torno a las pensiones.
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