Tras largos meses de debate, foros con especialistas, opiniones, y muchas especulaciones, por fin se terminó el trámite legislativo sobre la reforma energética. Sobre el particular, ha llamado la atención la inusitada rapidez con la cual ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales concluyeron la “discusión” de uno de los cambios constitucionales más trascendentales en el último siglo. En poco más de una semana, se dio por terminado un proceso que, con otros temas, ha solido demorar más de tres meses, incluso años. Independientemente de lo sorprendente de ese furor legislativo, es innegable el carácter histórico de la apertura en el sector energético.
Aunque el derribamiento –en términos legales—del tabú del nacionalismo petrolero es destacable, no debe perderse de vista la otra parte de la reforma: el sector eléctrico. A diferencia del optimismo con el cual se han recibido los cambios en materia de hidrocarburos, no se puede decir lo mismo del rubro de la electricidad. Pese a permitirse la apertura en la generación y en la comercialización eléctrica, la manera en que va a ser regulado el mercado por el Estado puede no ser propicio para alcanzar todos los beneficios posibles.
Una reforma eléctrica profunda partiría de la desintegración vertical del monopolio encarnado en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es decir, separar la generación de la transmisión, distribución y comercialización eléctrica. En la reforma aprobada, esta separación entre las actividades le corresponderá a la Secretaría de Energía (SENER) y no al órgano regulador, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que continuará originando conflictos “territoriales” y de autoridad entre CFE, SENER y quienes eventualmente participen en las materias abiertas a la competencia. Si bien se dotó de mayor autonomía a la CRE, ésta seguirá subordinada a la SENER como un ente desconcentrado. Asimismo, la reforma no deja claro quién determinará las tarifas eléctricas ni los subsidios –en caso de mantenerse—, lo cual podría apuntar a que se mantendrán bajo la jurisdicción de la Secretaría de Hacienda (SHCP), la gran empoderada dentro de la reforma energética en general.
La determinación de las tarifas eléctricas por parte de la SHCP, ha sido uno de los mayores errores en materia eléctrica en México. Los subsidios cruzados derivados de las tarifas que SHCP le autoriza cobrar a la CFE, han propiciado que la paraestatal esté perdiendo mucho dinero porque los precios no están cubriendo los costos. Además, el mecanismo mismo no incentiva que la CFE eleve sus niveles de eficiencia y disminuya sus costos. En los próximos meses, la reglamentación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica tiene que esclarecer quién definirá dichas tarifas. Continuar determinando tarifas energéticas desde el Ejecutivo mostraría la incapacidad del gobierno para transitar el dilema del control político versus el desarrollo económico, máxime cuando una de las promesas más insistentes de la reforma –que viene desde la campaña presidencial –es la reducción de las tarifas vía una mayor eficiencia en la generación, y no de una manipulación artificial de las mismas.
La mayor competencia en la generación y en la comercialización auxiliará a que las tarifas eléctricas bajen en el mediano plazo pero, por el actual esquema tarifario subsidiado, la única manera que los consumidores vean un descenso en el precio sería con un mayor subsidio gubernamental. Como la CFE no puede absorber un subsidio más oneroso, y no habrá empresa privada que entre a un mercado donde el precio de venta esté por debajo del costo, el gobierno tiene que diseñar un mecanismo por el cual cumplirá su promesa sin dar al traste con un potencial mercado competitivo de generación. Como el gobierno sigue persiguiendo fines políticos más que económicos, es factible que se endeude con tal de decir que la reforma ha cumplido una de sus promesas. Un escenario así nos regresaría a las peores prácticas de los gobiernos priistas que gobernaban sin disciplina fiscal.
Las condiciones económicas del sector energético han cambiado respecto a los años del régimen autoritario. Perpetuar el control político en la materia, acabaría por minimizar y hasta dinamitar los potenciales beneficios de la reforma energética.
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