Entre 2006 y 2009 la violencia y los delitos relacionados al crimen organizado aumentaron de forma exponencial nunca antes vista en la ciudad fronteriza de Tijuana. Ante esta escalada de violencia, los sectores de la sociedad civil, liderado principalmente por el sector privado, impulsaron una serie de iniciativas ciudadanas enfocadas a disminuir la violencia. El sector privado de Tijuana logró un nivel de coordinación entre la sociedad civil y las autoridades de procuración de seguridad y justicia, federales y estatales, que fueron fundamentales para la disminución de la violencia. El objetivo de este reporte es entender qué papel jugó el sector privado en la reducción de la violencia y qué acciones llevó a cabo con el objetivo de entender mejor el fenómeno para derivar lecciones aplicables a otras ciudades.
El caso de Tijuana se ha considerado como un de éxito en el combate a la violencia de alto impacto (homicidios dolosos, extorsión, secuestro y robo con violencia) y, si bien, las causas de la reducción de la violencia son multifacéticas, el propósito de este estudio es analizar el papel que jugó la sociedad civil, en específico el sector privado, en este propósito. Además de analizar los datos cuantitativos se utilizó información de primera mano de miembros del sector privado, es decir, empresarios, inversionistas, miembros de cámaras empresariales locales, la CANACINTRA Tijuana, CANACO Tijuana y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tijuana. Asimismo, cuenta con la opinión de miembros de la sociedad civil como directores y fundadores de asociaciones civiles de protección y atención a víctimas de la violencia y periodistas.
Crisis de Seguridad en Tijuana
La ubicación geográfica de Tijuana la ha hecho clave para el tránsito de bienes, personas, y narcóticos o drogas. Este territorio es estratégico para las organizaciones criminales que se dedican al trasiego de drogas por su acceso al mercado estadounidense.
Desde 2006 el estado de Baja California, y la ciudad de Tijuana en específico, presentó una escalada en los delitos de alto impacto – homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo con violencia. Desde el inicio de la administración del presidente Felipe Calderón, la situación de violencia de Tijuana era una de las peores en el país.
Los homicidios dolosos se duplicaron entre 2006 y 2007. Los niveles de violencia no tenían precedente en la ciudad. Durante los peores momentos de violencia, era común que se descubrieran cuerpos en medio de las vías públicas, cadáveres colgando de puentes y convoyes con individuos enmascarados portando armas largas paseando por las calles principales a plena luz del día. Octubre y noviembre de 2008 se consideran como el punto de inflexión de la violencia en Tijuana. Para finales de 2012, la tasa de homicidios fue de 57 por cada cien mil habitantes, cifra que se comparaba con ciudades como Kingston, Jamaica y Honduras.
Asimismo, como demuestra la Tabla 1 los crímenes de alto impacto como, aumentaron en Baja California.
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