La declaración del Presidente Calderón sobre el incendio en el casino de Monterrey sigue formando parte de la estrategia de desacreditación de otros actores con tal de justificar la situación actual del país: en primer lugar, al crimen organizado y su efecto sobre el entramado social; en segundo lugar, a las instituciones, formales e informales del PRI autoritario y del pasado inmediato foxista; en tercer lugar, a los gobernadores y su falta de apoyo a la política de seguridad; en cuarto lugar, a los otros poderes, particularmente al Legislativo donde diversas iniciativas fueron detenidas; y finalmente, a los Estados Unidos, vecino cuya política armamentista, entre otras cosas, ha dificultado la contención del problema de seguridad en el país.
Es claro que el caso del casino en Monterrey, como todas las acciones del crimen organizado, no han versado en atacar al Estado, si no en menoscabar la fuente de financiamiento de otros grupos delincuenciales o ganar zonas geográficas. El llamar a ese suceso un acto terrorista permite al Ejecutivo, sin embargo, justificar su necesidad de intervención y la defensa de la estrategia.
Y si bien existen elementos para señalar como culpables del fenómeno de la violencia en México a diversos actores, el desarrollo del argumento del Ejecutivo, que desde luego tiene un componente electoral, de ninguna manera asegura detener el voto de castigo que se está gestando en el país hacia el partido gobernante en turno. El sentimiento de miedo puede ser capitalizado electoralmente. La pregunta es qué partido y qué candidato lograrían comunicar una imagen de autoridad y de solución a los problemas que lo causan.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
