Recientemente, Reforma y Excélsior han levantado encuestas con la intención de describir el perfil de los electores dependiendo del partido político por el cual emitieron su voto. Con esas herramientas han llegado a la conclusión de que, mientras el elector promedio de Andrés Manuel López Obrador es joven, urbano, bien educado y con una ideología de izquierda, aquel que emitió su voto por Enrique Peña Nieto tan sólo tiene educación básica, habita en zonas rurales y es de los estratos más pobres. Pero cabe la pregunta: ¿es ésta una descripción real? Este tipo de estudios constituye una herramienta que puede desvirtuarse con interpretaciones potencialmente superficiales. Ejemplo de ello es afirmar que los pobres votaron por Peña y que lo hicieron por haber vendido su voto al mejor postor. Esta afirmación resulta cuestionable si revisamos con mayor detalle los datos disponibles.
En primer lugar, las cifras que se utilizan para decir que los pobres votaron mayoritariamente por Peña no son del todo correctas. Los ocho estados que mayor número de votos le aportaron a Enrique Peña Nieto y que se encuentran dentro de las diez entidades con mayor número de pobres –Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, DF, Michoacán y Guerrero- también son las entidades que mayor población tienen en términos absolutos. Es por esto que la comparación se debe de dar en términos relativos, es decir, qué candidato ganó en qué entidad. Una vez que se realiza esta comparación ya no es tan obvio que los pobres hayan votado por el candidato priista. De las diez entidades con mayor número de población en pobreza, cuatro las ganó Peña Nieto –Estado de México, Chiapas, Jalisco y Michoacán-, López Obrador lo hizo también en cuatro –Puebla, Oaxaca, DF y Guerrero-, y Josefina Vázquez Mota en dos –Veracruz y Guanajuato. De hecho, los sectores menos favorecidos económicamente en el Distrito Federal y el Estado de México constituyen la base más sólida de votantes para AMLO, no para Peña. Es decir, se podría invertir la hipótesis de estos estudios a partir de estos dos estados.
Por otro lado, existe una creencia generalizada –inclusive dentro del sector académico- de que los pobres tienden a vender su voto y quien se los compra es el PRI. Sin embargo, probar con evidencia la veracidad de este argumento es sumamente complicado. De hecho, uno de los problemas del expediente de impugnación que presentó la izquierda ante el TRIFE es la debilidad de las pruebas sobre compra y coacción del sufragio. El clientelismo al ser una práctica ilegal y cada vez más sofisticada (debido a los controles que se han ido implementando en la ley) es difícilmente observable para un actor externo. Por otro lado, aún si la práctica pudiera ser observada, comprobar la relación entre la compra y el voto el día de la elección es casi imposible. El candidato de las izquierdas inclusive, durante la campaña, mencionó en reiteradas ocasiones a los electores que “aceptaran los regalos y votaran por quien quisieran”, el problema es saber si así fue.
Finalmente, es verdad que el PRI parece haber contado con más dinero, lo que le habría dado mayor margen de maniobra para hacer uso de prácticas clientelares. No obstante, probar la causalidad entre el uso de estos recursos y la decisión final de los electores no es nada sencillo. Sólo basta mirar el mapa y ver que en casi todas las entidades hay denuncias por irregularidades y no en todas Enrique Peña Nieto salió triunfador. Vale recordar que estas prácticas no son de ninguna manera exclusivas del PRI.
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