Dice una vieja conseja que uno debe tener cuidado con lo que desea porque en una de esas y se convierte en realidad. En el caso de la migración de México hacia Estados Unidos, México ha sido extraordinariamente enfático en la urgencia de que se legalice a la población de origen mexicano que vive y trabaja en aquella nación. Se trata de un tema complejo en el que se entrelazan factores de realidad económica con los de justicia, legalidad y soberanía. El riesgo es que la legalización acabe siendo mucho menos benigna de lo que se anticipa.
La migración de mexicanos hacia EUA tiene muchas aristas pero no es un tema nuevo. Desde mediados del siglo XIX, con la construcción de su sistema ferroviario, comenzaron a crearse oportunidades de empleo en aquel país. Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero algunas siguen siendo iguales y vale la pena analizarlas.
· Lo primero que es evidente, pero que con frecuencia se ignora, sobre todo del lado norteamericano, es que existe un mercado de trabajo que funciona de manera casi perfecta: hay demanda de empleo allá y hay personas dispuestas a emplearse aquí. Una enorme proporción de quienes emigran ya tiene los contactos previos para el empleo al que llegarán, lo que ilustra lo eficiente que es el mercado. Mucho más sugerente, la tasa de desempleo entre los ilegales o indocumentados es mucho menor a la de la población estadounidense, lo que demuestra que los migrantes no van para ver si encuentran un empleo, sino que toman su decisión en función de una expectativa razonable de que lo tendrán. Los flujos migratorios suben y bajan según la demanda de empleo.
· En México se desprecia y asigna poca relevancia al hecho del quebranto legal que implica la migración: la entrada ilegal a EUA no es un derecho. Todos los migrantes que cruzan la línea fronteriza por un lugar distinto a una garita ante una autoridad migratoria estadounidense saben que están haciendo algo ilegal. No hay vuelta de hoja. El problema es que la concepción de la ley y la legalidad es muy distinta en las dos naciones. Allá la ley es el fundamento de la interacción y convivencia social en tanto que aquí la ley es uno más de los muchos factores que caracterizan al marco social y político. Para el mexicano la ley es más un deseo que una norma de cumplimiento obligatorio. Aquí, como tantas veces remarcó Octavio Paz, se enfrentan dos mundos cuyas raíces y percepciones son radicalmente opuestas.
· Independientemente de su situación legal, las comunidades de migrantes que se establecen en aquel país echan raíces y, con el nacimiento de sus hijos, crean realidades legales que complican cualquier solución y con frecuencia producen dramas terribles. En ocasiones, como cuando se da una redada que lleva a la deportación de algunos individuos, los hijos quedan en un limbo que resulta no sólo doloroso, sino extraordinariamente difícil de resolver.
· Antes, el migrante típico venía de comunidades pobres, con frecuencia estaba desnutrido y, años después, acababa heredando enfermedades estadounidenses como la diabetes y las relacionadas con la obesidad. Hoy la situación ha cambiado: muchos migrantes llevan consigo enfermedades como aquéllas pero enfrentan una enorme dificultad para atenderse porque los servicios de salud sólo tratan a estas poblaciones en casos de emergencia.
· En términos políticos, el gobierno mexicano por décadas se desentendió del asunto porque, aunque en la práctica lo entendía como una política de empleo, no quería asumir los costos políticos que esa realidad entrañaba para la relación bilateral. Con el argumento de que el mexicano tiene derecho a entrar y salir libremente del país, los políticos mexicanos pretendían que podían beneficiarse del empleo y las remesas sin pagar costo alguno. Con el TLC se reconoció el hecho de la migración pero se supuso que el crecimiento de la economía mexicana resolvería el asunto. Hoy, con una enorme población mexicana en aquel país, ningún político mexicano se puede dar el lujo de desentenderse del tema. El problema es que sigue pretendiéndose que es un asunto estadounidense y que México es un actor inocente en el proceso.
· No es casualidad que en los últimos veinte años se haya dado una enorme burbuja migratoria: todo comenzó con la política de crecimiento demográfico que promovió el gobierno de Echeverría, misma que acabó produciendo alrededor de 20 millones de mexicanos más de los que hubieran existido de seguir la tendencia histórica. Ese número casi empata la población que ha migrado.
· La realidad política estadounidense ha cambiado: diversas circunstancias que van desde la recesión hasta la caída de los niveles de ingreso familiar y el creciente conflicto político interno, han provocado que los niveles de tolerancia hacia la ilegalidad hayan disminuido drásticamente. Más de la mitad de los estadounidenses apoya el tipo de legislación que aprobó el estado de Arizona. Al mismo tiempo, un 60% quiere resolver la situación legal de los que ya están allá. Muy pocos se preguntan qué pasaría si dejara de haber oferta de jardineros y sirvientas en sus casas. Pero el hecho político que nadie puede ignorar es que el nivel de tolerancia ha disminuido.
· Hace años los migrantes cruzaban asistidos por coyotes que eran, en algún sentido, “empresarios” en sí mismos. Hoy se trata de organizaciones criminales que reúnen armas, personas y drogas. Nada de eso ayuda a las percepciones que se forjan allá sobre el tema.
Una potencial legalización de muchos de los mexicanos que hoy residen sin documentos en EUA transformaría sus vidas y les abriría un extraordinario horizonte de desarrollo. Sólo por eso es válido el esfuerzo. Sin embargo, hay que entender las implicaciones.
El costo de dicha legalización sería doble: por un lado, es impensable que se pudiera aprobar algo allá sin un acuerdo bilateral, con el compromiso explícito del gobierno mexicano a regular los flujos y a obligar a los mexicanos a cruzar por las garitas establecidas para ese propósito. Con eso, la migración dejaría de ser una opción real más que para un puñado de personas, todas ellas con visa.
Por otro lado, la consecuencia de lo anterior es que el gobierno mexicano se vería ante la inexorable necesidad de reformar nuestra economía para acelerar su crecimiento y crear empleos. Es decir, todo lo que por décadas se ha evadido. Ahora si, en ausencia de la válvula de escape, la presión sería en serio.
La exigencia de que EU resuelva el tema migratorio es loable, pero su implicación sería la de obligar a nuestro establishment político a entrarle a los temas de fondo y a afectar intereses de todo tipo. Nada es gratis.
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