El delito de “intervenciones de comunicaciones privadas” está previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal, y se castiga con 6 a 12 años y 300 a 600 días de multa.
En los últimos años el espionaje se ha posicionado como el instrumento perfecto de chantaje y ataque político. El hecho de que las intervenciones ilegales a comunicaciones privadas sea cada vez más común se debe principalmente a dos factores: 1) la revelación del contenido de conversaciones privadas logra, por lo general, impacto mediático; y, 2) la práctica es rara vez sancionada (Ver Tabla I). Debido a lo anterior, el espionaje constituye una apuesta racional para quien lo ejerce porque permite alcanzar objetivos de corte político sin ningún riesgo de sufrir consecuencias legales. Los casos de espionaje más mediáticos evidencian que los avances tecnológicos han facilitado la práctica sin que la capacidad del Estado para inhibirla se haya desarrollado en la misma proporción (Ver Tabla II). Por otra parte, preocupa que el mismo Estado haya institucionalizado prácticas que permiten el espionaje sin ningún tipo de control. Por ejemplo, el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales que permite la localización en tiempo real de equipos de comunicación móviles sin autorización judicial. En este escenario, se antoja difícil que la práctica disminuya, puesto que todos los incentivos están alineados para que el espionaje siga siendo rentable en el futuro.
Autores: Carlos de la Rosa, Ximena López, Santiago Martínez, Mariana Meza, Rafael Vega
Editor: Luis Serra
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