Con fuerte crítica recibieron los medios y parte de la ciudadanía el señalamiento del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en días pasados, donde apuntó dos aspectos: por un lado, que no podían ponerle un cuerpo de seguridad a cada municipio –sobre todo por los sucesos violentos en el estado de Michoacán y la muerte del alcalde de Santa Ana Maya; por otro lado, que los alcaldes tendrían que cooperar para resolver el problema de violencia. Respecto al primero, si bien se comprende que la declaración es meramente señalar que no existen suficientes elementos policiacos para proteger de forma personal a los ediles y alcaldes en el país, y que de hecho no es la mejor forma para utilizar las fuerzas federales en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, surge el cuestionamiento implícito de que si el Estado no puede “garantizar” la seguridad de un alcalde, cómo podrá garantizar la de la ciudadanía.
Respecto al segundo punto, celebramos la voluntad de coordinación expuesta, pero cuestionamos si en niveles sub-nacionales existe la capacidad de realizar dicha cooperación con corporaciones del Gobierno Federal, dado el tamaño poblacional de una gran cantidad de municipios en el país, y, subsecuentemente, la falta y en algunos casos inexistencia de cuerpos policiacos locales.
En términos concretos, con alrededor de 38 mil elementos federales policiacos, el problema de estrategia es un problema de foco y, al parecer, de recursos escasos frente a los más de 2,440 municipios y 16 delegaciones. De forma general podemos clasificar a los municipios en tres tipos: en primer lugar, municipios con una alta densidad de población y más de 300 mil habitantes (alrededor del 3% del total de municipios), con cuerpos policiacos mayores a 100 elementos y relativamente institucionalizados; en segundo lugar, municipios medianos, de 25 mil a 300 mil habitantes (alrededor del 27% de los municipios del país), y cuerpos policiacos de 10-20 a 100 efectivos; finalmente, municipios con menos de 25 mil habitantes (70% de los municipios del país), incluyendo zonas rurales de menos de 2,500 habitantes, con cuerpos policiacos menores a 20 elementos y en algunos casos inclusive inexistentes. Como sucede con las empresas, existen grandes, medianas, pequeñas y micro (o nulas) corporaciones policiacas municipales. Retomando datos expuestos por el antiguo Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna hace tres años, el 17% de los municipios no cuentan con corporaciones de policía (refiriéndose a entre 355 y 400 municipios), y de los más de 2 mil cuerpos policiacos en el país el 89% cuenta con 100 o menos elementos. Si bien éstas cifras pueden criticarse ampliamente y no contamos con datos exactos, la tendencia sugiere una falta de elementos, y esto explica, inclusive, parte del surgimiento de policías comunitarias y autodefensa, algunos con presunciones de ser armados por grupos criminales.
Lo anterior nos lleva a señalar que no puede existir una cooperación efectiva con el Gobierno Federal sin una reorganización de las estructuras policiacas a nivel estatal y municipal. Fuera de la discusión de un Mando Único Policial, se requiere considerar alternativas como la creación de policías regionales, esquema donde municipios con menos de 50 mil habitantes pueden coaligarse con otros municipios contiguos con las mismas características, y que en su conjunto no excedan los 100 mil habitantes, y conformen un mando policiaco común para una región. A este esquema de policías regionales puede agregarse un esquema de policías municipales de proximidad. Además, es necesaria la reestructuración de policías estatales ineficientes, y arreglar conflictos de coordinación entre municipios medianos y grandes con policías metropolitanas (aunque la misma existencia de estas sólo evidencia la debilidad de las policías estatales).
En el fondo, el desencuentro que existe tanto entre niveles de gobierno como entre el gobierno federal y la opinión pública en materia de seguridad refleja el choque de concepciones y realidades entre un sistema político que se dice federal (y que legal y funcionalmente funciona de esa manera) pero que no está estructurado para ser exitoso. En el pasado, el gobierno federal tenía tal peso que lograba mantener la disciplina tanto política como respecto a la criminalidad, no porque existiera una buena estrategia de seguridad sino por las realidades políticas de la época. Hoy, con todo y las cambiantes realidades políticas (de gobiernos panistas propensos a la descentralización, o al menos a aceptarla, a una priista que se propone revertirla), el sistema de seguridad sigue sin ser funcional y todo sugiere que no lo será hasta que se resuelva el problema político de fondo, que no es nuevo: centralizar bien o descentralizar bien en lugar del híbrido disfuncional de siempre.
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